Río Colorado: sin acuerdos para su uso compartido

Un futuro incierto se cierne sobre el reparto del agua del río Colorado ante la ausencia de un nuevo plan entre las cuencas alta y baja. Este 11 de noviembre vence el plazo de Colorado, Nuevo México, Wyoming, Utah, Arizona, California y Nevada para presentar el concepto de un acuerdo sobre cómo compartir el agua a partir de 2026. Pero no hay indicios de que ocurra. 

El acuerdo que actualmente rige el uso compartido de las aguas del Colorado expira el 30 de septiembre de 2026. Hoy, las comunidades que dependen de este recurso están atrapadas entre la falta de cooperación de los siete estados, enfrentando el riesgo de demandas legales del gobierno federal y una falta de transparencia sobre el posible acuerdo posterior a 2026, reporta The Denver Post.

Los siete estados deben proponer un plan a largo plazo para administrar el río y sus dos embalses principales, los lagos Mead y Powell. Este sistema fluvial produce energía hidroeléctrica, y es un elemento vital de la economía, las actividades agrícolas y recreativas de unos 40 millones de personas, irriga 5.5 millones de acres agrícolas y abastece a 30 comunidades indígenas de Estados Unidos y México.

Sin embargo, mientras la sequía amenaza y el tiempo se agota, la posibilidad de un consenso parece desvanecerse, lo que abre la puerta a una crisis hídrica y a disputas. El objetivo inicial, según el reporte del Post, era contar con los marcos del acuerdo este noviembre para después, en febrero de 2026, exponer un plan detallado.

Respecto al acuerdo de los siete estados del Colorado, si no se concreta, las consecuencias serán graves. El incumplimiento del plazo aumentará el riesgo de litigios, ya que el Departamento del Interior podría imponer su propio plan de manejo, lo que probablemente generaría demandas entre los estados o contra el gobierno federal.

El abogado Gage Zobell, experto en temas de agua,  explicó en una columna que un nuevo fracaso entre los estados podría llevar la gestión del río a los tribunales, donde un juez suspendería los planes federales e impondría medidas temporales, como recortes uniformes de agua en toda la cuenca. Zobell también advirtió que los tribunales “no son expertos” en materia hídrica y que existe un alto riesgo de que las decisiones técnicas sean equivocadas.

Rosa Luna-Niño, del Scripps Institution of Oceanography (Universidad de California en San Diego, UCSD), explicó a Línea Abierta que “el Pacto del río se diseñó en tiempos de abundancia de agua y hoy, con décadas de sequía, es urgente un nuevo reparto justo”.