¿Quién es Adrián León, el venezolano que demanda a Trump?

Neiyerver Adrián León Rengel tiene 27 años. En 2023 cruzó la frontera sur de Estados Unidos y solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS), que le fue concedido en diciembre de 2024. Según su expediente, una vez en el país trabajó haciendo un poco de todo: cortaba cabello, tenía “chambas” ocasionales y ahorraba lo que podía. En Dallas conoció a Alejandra Gutiérrez, también migrante venezolana. Con ella compartió más de un año de vida, criaban juntos a la hija de ella y cuidaban de Princesa, la perra que adoptaron.

León Rengel tiene varios tatuajes: los nombres de Sandra e Isabela —su madre y su hija—, además de una barbería, un tigre y un león. Esas marcas se convirtieron en la excusa de las autoridades migratorias para condenarlo a un calvario.

El 13 de marzo de 2025, el día de su cumpleaños, agentes federales lo detuvieron en el estacionamiento de su departamento en Irving, Texas, cuando salía rumbo al trabajo. “No tenían orden de arresto”, contó su pareja, Alejandra. “Le pidieron que se levantara la camiseta para mostrar sus tatuajes y, al verlos, aseguraron que pertenecía al Tren de Aragua. Le quitaron sus documentos… y se lo llevaron”. Fue la última vez que su familia lo vio.

Lo que siguió nadie lo imaginaba: Adrián fue detenido, deportado a El Salvador y torturado. Tras cuatro meses, lo devolvieron a Venezuela. Hoy exige al gobierno de Estados Unidos justicia y reparación.

¿Por qué se trata de un caso emblemático?

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) -organización que patrocina la demanda-, explicó en Línea Abierta que Adrián estaba en Estados Unidos legalmente en el momento de su detención. Su TPS le garantiza cuatro años de estancia en el país, por lo que deportarlo no era legal. Sin embargo, fue enviado junto a otros 251 hombres al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. 

“Su hermano documentó todo. Cada llamada a ICE la grabó, tenemos las conversaciones con los representantes, las mentiras asegurando que (Adrián) estaba en Estados Unidos”, explica Proaño que, además, asegura que pudieron revisar fotos de los tatuajes de Adrián y garantizar que no tienen que ver con la pandilla. 

Una vez en El Salvador, Adrián, según explica Proaño, pidió hablar con un abogado y presentarse ante un juez y no se le dio esa oportunidad. Su madre y hermano no sabían dónde estaba. El trauma físico y psicológico son la base de la demanda que interpuso por 1.3 millones de dólares en contra de la administración Trump. 

¿Qué significa en el ámbito legal?

Juan Proaño explica que en este caso la base del debido proceso no se respetó. Es decir, el derecho que, en Estados Unidos, garantiza que toda persona cuente con un abogado y se presente ante un juez sin importar su estatus migratorio. “No se puede deportar de un día para el otro a un tercer país, eso es contrario a la ley”. Pero reconoce que avanzar no será sencillo.

Es un proceso. En la primera fase, el reclamo se dirigió a la agencia responsable de las vulneraciones, en este caso, el Departamento de Seguridad Nacional. La institución tiene hasta seis meses para responder y, si en ese plazo no hay un acuerdo, se avanza hacia la corte con una segunda demanda ante un juez en EE. UU.

Proaño advierte que Adrián no es el único. “Habrán más demandas. Hemos hablado con otros deportados que han pasado por cosas más duras, incluso violencia sexual en el CECOT (…) Cada caso es diferente. Los casos no serán fáciles, tomará tiempo, incluso años, pero estamos preparados para seguir”. 

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