Ordena juez regresar a inmigrante de cárcel en El Salvador

El juez principal del Tribunal de Distrito de Columbia, James E. Boasberg, ordenó a la administración del presidente Donald Trump el retorno inmediato de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño residente legal en Maryland que fue deportado ilegalmente el pasado 15 de marzo a El Salvador, pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía de la expulsión.

Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una instalación señalada internacionalmente por graves violaciones de derechos humanos. A pesar de no contar con antecedentes penales ni cargos en su contra, permanece detenido allí mientras se desarrolla un intenso conflicto legal entre el poder judicial estadounidense y el Ejecutivo.

La orden del juez Boasberg, emitida este fin de semana, da a la Casa Blanca un plazo de 48 horas para garantizar el regreso de Ábrego García a Estados Unidos. La jueza federal Paula Xinis también calificó la deportación como “totalmente ilegal” y emitió su propia orden exigiendo que el inmigrante esté de vuelta en suelo estadounidense antes de la medianoche de hoy, lunes 7 de abril.

No obstante, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema bloquear el mandato, alegando que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad para obligar a El Salvador a repatriar al deportado. Esta medida fue tomada a pesar de que el propio Departamento de Justicia admitió que la deportación fue resultado de un “error administrativo” y suspendió a los responsables del caso, los abogados Erez Reuveni y August Flentje.

La situación se da en un contexto de creciente fricción entre el poder judicial y el Ejecutivo. El juez Boasberg ha emitido fallos recientes que limitan temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la presidencia, mientras evalúa si se incumplieron decisiones judiciales durante vuelos de deportación realizados el sábado pasado.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump ha atacado al juez Boasberg, calificándolo de “lunático izquierdista”, pese a que Boasberg es ampliamente reconocido como un juez moderado y respetado en círculos judiciales. Antiguo compañero de universidad y de residencia del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, Boasberg fue nombrado magistrado federal por el expresidente George W. Bush y mantiene lazos con figuras del ámbito jurídico conservador.

Fuentes judiciales indican que Trump ha apuntado contra uno de los jueces más difíciles de desacreditar entre los 635 magistrados federales de primera instancia.

El caso podría escalar aún más si el juez Boasberg determina que hay causa para declarar al gobierno en desacato por ignorar su orden previa que bloqueaba la deportación de unos 100 venezolanos. De ser así, este conflicto marcaría un nuevo episodio en la tensión constitucional entre los poderes del Estado.

La Corte Suprema aún no ha emitido una decisión sobre la solicitud de la administración Trump para bloquear una orden de la jueza federal Paula Xinis, que exige también el retorno de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos. La administración argumenta que la orden de la jueza es “patentemente ilegal”, y que el gobierno no tiene autoridad para obligar a El Salvador a devolver a Ábrego García. Actualmente, Ábrego García permanece detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CEOT) de El Salvador, mientras se resuelven las disputas legales sobre su retorno.​