Harvard contraataca y el gobierno reafirma el castigo

La universidad de Harvard desafía las presiones de la Casa Blanca, defendiendo su autonomía y su rol académico frente a la amenaza de recortes multimillonarios.

Mientras las grandes firmas legales y otras universidades ceden ante las presiones de la administración Trump, Harvard ha optado por resistir. La institución decidió no aceptar las condiciones impuestas por el gobierno federal, una decisión que su rector calificó como de “trascendental importancia”. Los cambios impulsados por la Casa Blanca están “desconectados de la ley”, declaró a The Harvard Gazette Alan Garber, rector de dicha universidad. “Harvard no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, enfatizó.

La tensión se disparó el mes pasado cuando el gobierno de Trump amenazó con congelar 9 mil millones de dólares en contratos y subvenciones federales destinados a Harvard para la investigación científica. La medida forma parte de una ofensiva oficial bajo el argumento de combatir el presunto “antisemitismo” en los campus universitarios, tras 18 meses de protestas pro-Palestina que han sacudido a diversas instituciones académicas del país.

Situaciones similares han afectado a universidades como Columbia, que también han sido objeto de suspensión de fondos por parte del Departamento de Educación.

Desde Harvard se argumenta que las exigencias federales atentan contra la libertad académica, e incluso algunos de sus profesores más destacados han demandado legalmente al gobierno por “interferencia inconstitucional”.

Pero la respuesta del gobierno no se hizo esperar. Apenas horas después de que Harvard anunciara su posición oficial, la Casa Blanca informó que congelaría 2 mil 300 millones de dólares en fondos federales dirigidos a la universidad con sede en Cambridge, Massachusetts.

Esta congelación de fondos forma parte de la misma ofensiva que mencionó previamente acerca de los 9 mil millones de dólares en revisión, en el marco de las acusaciones de alegado antisemitismo surgidas tras las manifestaciones pro-palestinas del último año y medio en universidades estadunidenses.

Lejos de retroceder, Harvard respondió de forma categórica el lunes, “inspirando a otras universidades a enfrentar la presión presidencial”, según The New York Times. En su declaración, la universidad rechazó las exigencias del gobierno relacionadas con sus políticas de contratación, admisión y currículo. Algunos analistas destacaron que esta postura podría motivar también a firmas legales, medios y tribunales a desafiar las acciones de la administración.

Del total de fondos federales en juego para Harvard, se estima que 7 mil millones se destinan a los 11 hospitales afiliados a la universidad en Boston y Cambridge, incluidos el Hospital General de Massachusetts, el Hospital Infantil de Boston y el Instituto Oncológico Dana-Farber. Los 2 mil millones restantes se canalizan directamente hacia subvenciones de investigación en áreas como la exploración espacial, el cáncer, la diabetes, el Alzheimer y la tuberculosis.

En una carta abierta enviada el lunes a las autoridades federales, Garber advirtió que las demandas del Departamento de Educación “otorgan al gobierno control indebido sobre la comunidad de Harvard” y representan una amenaza directa a los valores de la universidad como institución privada y dedicada al conocimiento.

“Ningún gobierno, sin importar su partido, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién deben admitir o contratar, ni qué investigaciones pueden realizar”, escribió Garber.

El presunto “antisemitismo” en los campus, utilizado como justificación oficial, se remonta a las protestas estudiantiles pro-Palestina del año pasado por el genocidio israelí en Gaza, antes del segundo mandato de Trump. La cuestión se ha convertido en un campo de batalla ideológico entre la Casa Blanca y las instituciones académicas, que ahora enfrentan decisiones clave sobre su autonomía y su papel en la sociedad.