Juez “condena” DACA, el DOJ apelará, y el Congreso tiene la palabra

El presidente de Microsoft, Brad Smith posa en la Corte Suprema con los empleados que viajaron a Washington, DC, en apoyo a la continuación de DACA. Foto: Thierry Humeau/Microsoft.

El presidente de Microsoft, Brad Smith posa en la Corte Suprema con los empleados que viajaron a Washington, DC, en apoyo a la continuación de DACA. Foto: Thierry Humeau/Microsoft.

El fallo del juez de distrito, Andrew Hanen, de que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es ilegal, y la subsecuente suspensión de nuevas solicitudes es un recordatorio más de que los casi 800 mil Dreamers o Soñadores bajo el programa necesitan soluciones permanentes que ahora están definitivamente en la cancha del Congreso.

Como publicamos oportunamente en este mismo espacio informativo, el juez Andrew Hanen argumentó el viernes que el programa, instaurado en 2012 bajo la administración Obama, “excedió su autoridad”. A aunque ahora los beneficiarios de DACA mantienen de forma temporal las protecciones contra la deportación y un permiso de trabajo en Estados Unidos, viven literalmente en la incertidumbre.

Tras la decisión del juez Hanen, Ali Noorani, Director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración elevó su voz de protesta contra la medida:

“Si bien no llega a poner fin inmediatamente a las protecciones de DACA para los destinatarios actuales, la decisión del juez Hanen sólo agrava la incertidumbre que enfrentan los Dreamers y la urgencia de una solución legislativa permanente”.

Pero apuntó que los beneficiarios de DACA y otros Soñadores “están trabajando, estudiando y contribuyendo… y casi un millón de ellos han trabajado en industrias esenciales mientras respondemos y nos recuperamos de una pandemia devastadora… Afortunadamente la legislación permanente para los Dreamers tiene un apoyo público abrumador y bipartidista. Las soluciones políticas están ahí, ahora sólo necesitamos la voluntad política”.

Pero precisamente la pandemia vino a obstaculizar el procesamiento gubernamental de los casos de inmigración, provocando la acumulación de miles de nuevas solicitudes y renovaciones.

El COVID-19 ha cambiado las perspectivas laborales de los mercados emergentes y ha permitido a estos jóvenes médicos beneficiaros de DACA que se ven trabajando en la foto, abrigar la esperanza de poder acceder a un estatus legal permanente en reconocimiento a su labor. Foto: https://www.aamc.org.

El COVID-19 ha cambiado las perspectivas laborales de los mercados emergentes y ha permitido a estos jóvenes médicos beneficiaros de DACA que se ven trabajando en la foto, abrigar la esperanza de poder acceder a un estatus legal permanente en reconocimiento a su labor. Foto: https://www.aamc.org.

En su escrito el juez Hanen señaló que los beneficiarios con el programa vigente no se verían afectados de inmediato; y que el gobierno federal “no debería tomar ninguna acción de inmigración, deportación o criminal” contra ellos, que “de otra manera no tomaría”.

Línea Abierta abordó el tema, y el Director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco platicó con Pamela Chomba, Directora de campañas estatales de migración, de la organización ForwardUS con sede en Washington, DC, quien se enlaza en esta ocasión desde Newark, Nueva Jersey.

Escuche:


Hay que saber que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede seguir aceptando nuevas solicitudes, como dictaminó el juez; aunque temporalmente tiene prohibido aprobarlas.

Sin embargo, las protecciones de los beneficiarios de DACA “podrían evaporarse si el gobierno no rectifica una serie de deficiencias legales”, dijo Hanen, quien fue designado por el presidente George W. Bush. En su fallo, señaló que la creación del programa “violó la Ley de Procedimiento Administrativo”, en parte porque nunca se solicitaron comentarios del público en general.

“El DHS no se involucró en el proceso legalmente obligatorio, por lo que DACA nunca obtuvo el estatus de política legalmente vinculante que pudiera imponer deberes u obligaciones”, sentenció Hanen.

Pero como también señalamos en su oportunidad, la administración Biden dijo casi inmediatamente que el Departamento de Justicia apelará el fallo. Y, “a menos que el Congreso intervenga con un remedio legislativo, es casi seguro que la Corte Suprema decidirá la legalidad última de DACA”, afirma por suparte The New York Times.

Pero el fallo de la corte en Texas ha introducido una nueva complicación, y representa un significativo desafío para Biden, “en su intento por generar apoyo en el Congreso para su ambicioso plan de permitir que hasta 10 millones de inmigrantes más vivan en el país legalmente”, apunta la fuente.

Los defensores de los Dreamers han estado instando a los demócratas a utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria para proporcionar ciudadanía acelerada a los titulares de DACA; y es probable que aumente la presión. “A menos que el Congreso actúe en nombre de los Dreamers, es probable que DACA se vea envuelto en litigios y dudas legales por un tiempo”, dijo al Times Michael Kagan, director de la clínica de inmigración de la Universidad de Nevada, en las Vegas.

Añadió: “Y no hay razón para pensar que el Congreso actuará rápida o fácilmente… Desafortunadamente, los Dreamers pueden tener que vivir con cierto nivel de duda y ansiedad en el futuro previsible”.

Martín Batalla Vidal al micrófono, junto al entonces Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, celebran frente a la corte federal de distrito de Estados Unidos en Brooklyn, NY, la victoria legal de este joven beneficiario de DACA, en el caso “Batalla Vidal v. McAleenan”, el 30 de enero de 2018. Foto: Marco Vinicio González.

Martín Batalla Vidal al micrófono, junto al entonces Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman y otros defensores, celebran frente a la corte federal de distrito de Estados Unidos en Brooklyn, NY, la victoria legal de este joven beneficiario de DACA, en el caso “Batalla Vidal v. McAleenan”, el 30 de enero de 2018. Foto: Marco Vinicio González.

Abogados del Fondo México-Estadunidense para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF, habían instado al juez Hanen a “abstenerse por completo de dictaminar”, citando la directiva de Biden al DHS, de crear reglas para fortalecer el programa y la legislación presentada recientemente en el Congreso desde el primer día de la presente administración, que pondría a los Dreamers en un camino a la ciudadanía.

Como se recordará, el esfuerzo para terminar DACA fue liderado por Texas, al que se unieron Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental; argumentando que “el programa se adoptó incorrectamente y los dejó con la carga de pagar la educación, la atención médica y otros beneficios para los inmigrantes que permanecieron en el país bajo la protección de DACA”.

Y es que en su opinión de 77 páginas, Hanen dijo que el Congreso se había reservado la amplia autoridad para regular la inmigración y que se había negado varias veces a otorgar estatus legal a un grupo como los Dreamers. “El poder ejecutivo no puede simplemente promulgar su propia política legislativa cuando no está de acuerdo con la decisión del Congreso de rechazar la legislación propuesta… y no le ha dado al DHS el poder de promulgar DACA”.

Según una encuesta realizada desde el año pasado por el Centro de Investigación Pew “Existe un amplio apoyo en el público estadunidense para permitir que los Dreamers permanezcan en el país”. Alrededor de las tres cuartas partes de los encuestados, incluidas una mayoría de demócratas y republicanos, estaba a favor de extenderles un camino hacia un estatus legal permanente.

Pero ahora, con este “nuevo” Partido Republicano, bajo la mano de Trump, las nuevas propuestas para DACA enfrentan una fuerte oposición de los republicanos, que “se han resistido a ofrecer estatus legal a cientos de miles de inmigrantes mientras hay un gran número de inmigrantes no autorizados que cruzan la frontera suroeste”, concluye la fuente■

Panorama actual y antecedentes de los inmigrantes inscritos en DACA (con información del NYT):

  • En la actualidad hay alrededor de 650 mil.
  • Unos 200 mil son trabajadores de primera línea que han realizado trabajos esenciales durante la pandemia en el cuidado de la salud, la agricultura, el procesamiento de alimentos y en la educación.
  • Aproximadamente 250,000 niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre que está inscrito en DACA, y alrededor de 1.5 millones de personas en el país viven con un beneficiario del programa.
  • El presidente Donald J. Trump anunció la cancelación del programa en 2017, pero varios fallos de la corte federal le impidieron terminarlo por completo.
    A los beneficiarios se les permitió renovar su inscripción en DACA aunque no se aceptaron nuevas solicitudes.
  • Con el futuro del asediado programa aún en el aire, Texas y los otros estados presentaron una demanda en 2018 que pedía la rescisión “inmediata” del programa.
  • El juez Hanen se negó a emitir una orden judicial preliminar, diciendo que “el huevo ya estaba revuelto” y que “tratar de volver a ponerlo en la cáscara” no servía a los mejores intereses del país.
  • Sin embargo, advirtió que es probable que los estados “prevalezcan sobre los méritos de su argumento de que DACA es ilegal”.
  • En junio de 2020, la Corte Suprema falló en contra de la decisión de la administración Trump de terminar el programa, considerando su rescisión “arbitraria y caprichosa”. Pero el tribunal no se pronunció sobre si el programa había sido adoptado legalmente.
  • En diciembre, un juez federal de Nueva York ordenó a la administración que comenzara a aceptar solicitudes para nuevos solicitantes de DACA, abriendo la puerta a miles de personas que habían sido excluidas mientras se suspendían dichas solicitudes.
  • Pero el caso en Texas continuó su camino a través de la corte.
  • Julie Mitchell, abogada gerente del Centro de Recursos de Centroamérica, una organización de ayuda legal en Los Ángeles, California que ha ayudado a miles de estudiantes a presentar solicitudes conminó al Congreso de que consiguiera un camino a la legalización.
  • Para ser elegibles a DACA, los solicitantes deben haber ingresado a los Estados Unidos antes de los 16 años, haber vivido en el país continuamente desde junio de 2007, terminar la escuela secundaria o alistarse en el ejército y tener antecedentes penales limpios.

Para ampliar esta información visite los sitios web:

FWD.us

Y también,

Inmigranteinformado.com

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