California, blanco de ataque de Trump, con 559 indocumentados encarcelados en el último mes

De la redacción

Agentes de HIS, una división investigativa de ICE. Foto: www.laweeikly.com

Agentes de HIS, una división investigativa de ICE. Foto: www.laweeikly.com

California ha sido el blanco favorito de las políticas de persecución y deportación contra los inmigrantes indocumen tados, latinos principalmente, aunque también de otras minorías no caucásicas o de color, preferentemente pobres y sin estudios académicos avanzados. Hasta el momento se reportan 559 inmigrantes arrestados en el último mes y nada más en Caifornia.

Como hemos reportado oportunamente en este mismo espacio, con el pretexto de salvaguardar la seguridad de la población estadunidense y dar prioridad a las deportaciones y persecución de inmigrantes que representan “amenazas de seguridad pública”, como “criminales convictos”, en la realidad quienes terminan siendo deportados son otras personas que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, denominan “bajas colaterales”. O sea, muchos de ellos inmigrantes sin antecedentes crimanales, con hijos y conyugues estadunidenses, que han hecho una vida y han contribuido con su trabajo a este país.

Otros de los blancos favoritos de ICE son las personas que han reingresado o al país, tras ser deportadas y otros que han violado leyes federales por estar en el país sin documentos de migración o con visas vencidas. Y además, están los arrestos en las propias cortes de inmigrantes que se reportan periódicamente mientras intentan resolver sus casos legales, o padres y madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, o simplemente las redadas en los sitios de trabajo.

Hoy el periódico, La Opinión de Los Ángeles reporta que 559 inmigrantes han sido arrestados en las mega redadas de ICE nada más en California, siendo la más reciente durante la visita de Trump al área de la frontera en San Diego para revisar los prototipos del muro, que insiste en construir, y que de realizarse tendría que ser el contribuyente estadunidense quien pagaría los más de 20 mil millones de dólares que costaría la construcción, los aditamentos tecnológicos y los refuerzos en las seguridad con más agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, porque México ha dejado en claro que no pagaría por él.

La fuente indica que en San Diego la semana pasada ICE arrestó a 115 inmigrantes indocumentados, que vienen a sumarse a los 212 de Los Ángeles, donde tuvo lugar la primera redada masiva de ICE este mes, y a los 232 encarcelados en el norte de California.

Como se recordará, esta última redada de ICE estuvo envuelta en una controvertida serie de acusaciones y amenazas contra la alcalde de Oakland, Libby Schaaf, quien avisó oportunamente a la comunidad que gobierna en esa ciudad que ICE andaba suelto con intenciones de poner tras las rejas a cuantos inmigrantes pudiera, según publicamos aquí en su oportunidad.

De hecho, La Opinión afirma que el director interino de ICE, Thomas Homan acusó a Schaaf de interponerse en las operaciones de la agencia federal para evitar el arresto de 800 “peligrosos criminales delincuentes”, que fueron capaces de eludir su captura “debido a la advertencia que hizo la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, sobre el operativo”. Pero esta información resultó sin fundamento, por lo que el propio Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions la calificó más tarde de falsa y retiró la aseveración.

Con todo, la fuente informa que a través de un comunicado el director de ICE declaró: “Continuaremos realizando operaciones similares, mientras tratamos de deportar a objetivos criminales que estén en libertad y a otros fugitivos de Inmigración que representan una amenaza para la seguridad pública”.

Entre tanto, California continúa estando en la primera línea de ataque de la administración Trump, por declarase una jurisdicción Santuario, que el gobierno federal continúa demandando en cortes federales y reteniendo el presupuesto que le corresponde otorgar a ese estado para cumplir con las funciones de seguridad, como presión para derogar dichas políticas estatales que defienden a los indocumentados.

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