Ya no es tanto lo duro sino lo tupido en la inmigración

La Legislatura de Florida aprobó la Ley SB2, que apoya la drástica agenda del presidente contra la migración, y de paso le quita la tarifa estatal de la matrícula para colegios y universidades a los estudiantes nacidos en el extranjero traídos cuando menores a este país.

Florida es hogar de casi cinco millones de inmigrantes, de los que algunas estimaciones aventuran habría entre 700 mil y un millón de indocumentados. La Legislatura rechazó incluso una enmienda para hacer una excepción con los Dreamers.

Esta amplia legislación antinmigrante, también conocida como la Act Trump, destina 500 millones de dólares de los contribuyentes, al apoyo de la agenda de deportaciones masivas. ”Se elaboró ​​en gran medida en reuniones secretas con aportes del presidente Trump y se aprobó a toda prisa en menos de 48 horas, negándole tiempo a la mayoría de los floridanos para analizarla o hacer aportes”, dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU de la Florida en su página web.

La referida Legislatura se propone también votar un proyecto de ley republicano que incluye más fondos para la policía y mayor cooperación entre la policía local y los agentes federales de Inmigración. Y así mismo propone consecuencias más severas para los inmigrantes convictos de delitos. Un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales, “que sea por ejemplo miembro de una pandilla y cometa un delito recibirá la pena máxima permitida”, que en Florida es la pena de muerte. 

Pero se rechazó el proyecto de ley del gobernador, Ron DeSantis, que establece que “si un inmigrante indocumentado es declarado culpable de un delito capital en la Florida, incluido el asesinato o la violación de un menor, la pena de muerte es obligatoria”.

La sesión no estuvo exenta de críticas incluso de ambos partidos. El representante estatal republicano, Juan Porras deploró el contenido de la SB2: “Esta es la propuesta más conservadora respecto a la inmigración ilegal en la historia de la cámara. ¡Estamos en colaboración directa con la Casa Blanca y el presidente Trump!”, exclamó.

Por otro lado, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos identificó a ciudades como Denver, Chicago, Nueva York y Boston, “por su abyecto incumplimiento con las leyes federales”. 

Dicho comité pidió al alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, a quien envió una carta, que testifique en Washington, DC, el próximo mes “para defender las políticas de la ciudad que limitan la cooperación de la policía local con la aplicación de las leyes federales de Inmigración”, dice The Denver Post. A los alcaldes de Denver, Chicago, Nueva York y Boston les fueron enviadas cartas similares a la de Johnston. Y también han amenazado con retener fondos federales a quienes no colaboren con el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

Según el Post la carta dice que el comité del Congreso “está investigando las jurisdicciones santuario en todo Estados Unidos y su impacto en la seguridad pública”. E invitó a Johnston a testificar durante una audiencia programada para el 11 de febrero. Le solicitó documentos y comunicaciones de la ciudad que cumplieran con ciertos criterios que se remontan al 1 de enero de 2024, con respecto al “estatus de santuario”.