Una papa caliente llamada Título 42

Maribel Hastings y David Torres

El convulso 2022 en materia migratoria termina como comenzó: con un debate sobre el controversial Título 42 que tantas vidas ha afectado y que en estos momentos mantiene en ascuas a autoridades federales y a los gobiernos locales y estatales de la frontera, e incluso más allá de la misma.

La politización de esta medida sanitaria implementada por Donald Trump en marzo de 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 en nada ha ayudado a resolver no sólo el sistema migratorio estadunidense, de por sí descompuesto, sino que además ha establecido una serie de indignas limitaciones a miles de vidas ya rotas en sus países de origen y que han enfrentado situaciones aún peores en su larga travesía hacia el norte.

El Título 42 debería dejar de implementarse este miércoles 21 de diciembre, pero la Corte Suprema pausó temporalmente la eliminación del programa favoreciendo a 19 gobernadores (y sus fiscales generales) republicanos que solicitaron la intervención del máximo tribunal, luego de que una corte de menor instancia lo declarara “arbitrario y caprichoso” además de violar la ley por no implementarse adecuadamente. Esta medida permite la remoción expedita de migrantes, incluso aquellos que vienen a solicitar asilo, argumentando razones sanitarias.

No obstante, aunque se aplica a migrantes de todas partes, la realidad es que son personas de color las más afectadas. En el curso de este año han sido muchas las imágenes y los reportes del drama humanitario que viven estos migrantes en la frontera. En efecto, la esencia xenófoba enmascarada de protección sanitaria de esta medida se ha enfocado básicamente en personas provenientes de Centroamérica, África y Haití, según el reporte de 2022 de Human Rights Watch (HRW), que menciona la expulsión de más 750 mil seres humanos en el ultimo año, aunque llevaba ya más de 1 millón desde que fue implementada.

Los gobernadores republicanos de ciudades fronterizas argumentan que levantar el Título 42 generará una crisis de grandes proporciones en la frontera. Sucede que ante el anuncio de la eliminación del programa, los migrantes han abarrotado las calles de ciudades fronterizas y albergues, durmiendo a la intemperie con la esperanza de solicitar asilo, una vez se elimine la normativa.

Pero el discurso republicano de llamar “crisis en la frontera” pareciera desconocer que la historia de la franja divisoria EEUU-México ha estado permanentemente activa —de hecho, la más activa del mundo en todos los sentidos—, y que lo migratorio es su esencia es la razón de ser de esa parte del mundo que no cesará mientras la inequidad económica en el planeta sigan expulsando seres humanos de sus lugares de origen.

Así, aunque se trata de una medida sanitaria, la realidad es que el plan de Trump fue emplearla para minar el proceso de asilo, lo que ha sido ayudado por la continuación del programa en el gobierno de Joe Biden. El presidente ha sido duramente criticado por sectores pro inmigrantes y pro refugiados, toda vez que los migrantes expulsados a México han sido objeto de robos y sus vidas han sido puestas en peligro; algunos incluso han muerto, a manos de pandilleros y narcotraficantes, que ven en cada migrante no a un ser humano, sino a una potencial “mercancía” de la cual aprovecharse, sin importarles el dolor infligido a un semejante.

Es precisamente en ese rubro, en el de la solidaridad y el carácter humanitario de la cuestión migratoria en el que todavía hay un rezago de atención por parte de quienes debaten desde sus lujosas oficinas el futuro de miles y miles de seres humanos que sólo buscan refugio particularmente en esta nación.

De hecho, la orden inicial del juez de distrito Emmet Sullivan en Washington, DC, para que el gobierno federal eliminara el Título 42 se desprende de una demanda de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en el sentido de que la normativa pone en peligro las vidas de los migrantes y mina las leyes de asilo de Estados Unidos. Emmet estuvo de acuerdo con ACLU.

El gobierno de Biden asegura estar listo para enfrentar la cancelación del programa (pero la administración Biden pidió ayer a la Corte Suprema que mantenga vigente la medida por tiempo indefinido. Nota del editor), aunque figuras demócratas como el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, han declarado un estado de emergencia ante la anticipada ola de migrantes que ya, de hecho, han abarrotado calles y albergues de esa ciudad fronteriza. Hasta en la ciudad de Nueva York hay preparativos ante el inminente fin del programa, además de que en San Luis, Arizona, y Denver, Colorado, también se ha declarado el estado de emergencia por la misma razón.

Pero al cerrar el año es imposible no cuestionarse cómo en la nación más rica y poderosa del planeta, un alza de migrantes en la frontera, en este caso de personas que buscan asilo, no pueda ser mejor manejado por el gobierno federal. ¿Cómo es posible que a lo largo del año hayamos sido testigos de una situación que se ha tornado en una bola de nieve y que deja mal parado a este país que tanto se precia de defender los derechos humanos? Aún más: cómo imaginar la vida ahora mismo de quienes han sido expulsado, esas personas a quienes se ha aplicado sin contemplaciones dicho Título 42, que quedará marcado en la memoria de esta generación como uno de los recursos más antinmigrantes de este país, aunque haya sido promulgado sólo como medida sanitaria en 1944.

Es cuestionable tener gente, con niños, durmiendo en las calles en medio del otoño-invierno con la esperanza de poder solicitar asilo. Peor aún, aunque se eliminara el Título 42, se anticipa que el gobierno de Biden implementará otras medidas que restringirían todavía más el asilo. Y el inmigrante se pregunta, por supuesto, de qué lado está la salvación; dónde está la bondad y dónde está la maldad; a quién recurrir cuando se ha perdido todo.