‘Una de cal por las que van de arena’: juez federal frena el más reciente asalto de DeSantis contra derechos del voto

Jóvenes en campañas informativas sobre los temas cotidianos y los derechos de voto y en contra de la desinformación en tiempos de elecciones. Foto: Cortesía de Voto Latino.

Marco Vinicio González

La incesante historia de supresión del voto en Estados Unidos, a partir de la Ley de Derechos Electorales de 1965 (VRA) a la fecha, escribió un nuevo capítulo este lunes cuando el juez federal, Mark Walker emitió una orden judicial preliminar contra partes de la ley que firmó en mayo el gobernador de La Florida, Ron DeSantis.

Se trata de la ley SB 7050, que impediría a ciudadanos no estadunidenses “recopilar o manejar” solicitudes de registro de votante y convertiría esto en un delito grave.

“El Estado Libre de La Florida simplemente no es libre de exceder los límites de la Constitución de Estados Unidos”, escribió el juez Walker. El fallo es relevante porque priva en el país un clima político exacerbado y una Suprema Corte fallando contra intereses de la mayoría de los estadunidenses en temas como el aborto, medioambiente, acción afirmativa, deuda estudiantil, etcétera.

El precedente más notable es imposible de olvidar, cuando hace una década la Corte Suprema propinó uno de los golpes más devastadores al derecho al voto, al anular disposiciones clave de VRA, que habían protegido con éxito a los votantes negros, latinos, indígenas y otros electores marginados durante décadas.

En la decisión de 58 páginas, el juez Walker -designado por el expresidente Barack Obama-, tomó el lado de grupos como NAACP, UCLA, la Liga de Mujeres Votantes de La Florida, y la Federación Hispana. Argumentó que los cambios propuestos por la ley de La Florida son inconstitucionales.

“Cuando el poder del gobierno estatal amenaza con extenderse más allá de los límites constitucionales y reducir los derechos individuales a cenizas, el poder judicial federal se erige como un cortafuegos”, advirtió Walker.

Y es que DeSantis propuso modificar la legislación para que los grupos de registro de votantes pudieran recibir una multa de 50 mil dólares si personas no ciudadanas recopilan solicitudes de registro de votantes, incluidos residentes permanentes, o expresidiarios con condenadas por ciertos delitos graves.

“Florida puede, por supuesto, regular las elecciones, incluido el proceso de registro de votantes”, escribió Walker. Pero acotó: “Aquí, sin embargo, las disposiciones impugnadas ejemplifican algo con lo que La Florida ha luchado en los últimos años: gobernar dentro de los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos”.

DeSantis y otros líderes republicanos estatales argumentaron que la ley era “necesaria para garantizar que las elecciones fueran seguras”. Pero los grupos de registro de votantes argumentaron que ellos juegan un papel muy importante en la inscripción de votantes latinos y negros, y rápidamente presentaron demandas impugnando la referida SB 7050.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, uno de los grupos en la mira de la ley de marras, afirmó al HuffPost que “Este fallo es una victoria para todos los floridanos, especialmente para las comunidades subrepresentadas que dependen de organizaciones no partidistas como la nuestra para ayudar a que se escuchen sus voces”.

La presidenta del Partido Demócrata de La Florida, Nikki Fried sostuvo por su parte que “Nuestra democracia funciona mejor cuando todos tienen acceso a las urnas, y aplaudo a la corte por reconocer eso y proteger activamente los derechos de los floridanos”.

Por último, Adriel Cepeda Derieux, subdirector del Proyecto de Derechos Electorales de ACLU, argumentó que en la moción de orden judicial preliminar a nombre de los retadores, “La corte hizo bien en bloquear esta ley porque era un ataque claro y descarado a la participación ciudadana en nuestra democracia”•