Trump recorta fondos de salud mental estudiantil

Profesorado de Columbia University protestan con una vigilia en la Universidad de Columbia, contra los arrestos de ICE a los estudiantes de posgrado, Mahmoud Khalil, Leqaa Kordia y Mohsen Mahdawi (arrestado en una cita con Inmigración para obtener la ciudadanía estadunidense, en Vermont). Y Rumeysa Öztürk la estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, detenida en Massachusetts. Foto: Cortesía de Melanie Wall.
En el Mes de Concienciación sobre la Salud Mental, mayo de 2025 se centra en la salud mental de los estudiantes en Estados Unidos con un enfoque claro en desestigmatizar el tema, brindar recursos accesibles para los estudiantes y generar conciencia entre educadores, padres de familia y la comunidad en general. Organizaciones como Mental Health America, Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI), y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) están promoviendo campañas y recursos para alentar la acción y la empatía.
Sin embargo, este impulso choca con las recientes acciones de la administración Trump, que ha implementado recortes profundos en fondos federales destinados a programas de salud mental estudiantil. Aunque no se ha emitido una orden ejecutiva específica, los recortes forman parte de una estrategia más amplia que incluye la cancelación de subvenciones a universidades y a programas educativos, incluyendo los de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
Entre los ejemplos más sonados están los 2 mil 200 millones de dólares recortados a la Universidad de Harvard y los 400 millones a la Universidad de Columbia, lo que ha provocado despidos masivos y la peligros interrupción de proyectos de investigación científica clave, incluidos aquellos centrados en la salud mental estudiantil.
Además, la administración congeló alrededor de 11 mil 40 millones de dólares en fondos federales destinados a salud pública, salud mental y programas de adicciones, lo que “ha afectado directamente a departamentos de salud estatales y organizaciones comunitarias en todo el país”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes estatales y defensores de la salud mental han denunciado que estos recortes minan los esfuerzos por atender la crisis de salud mental juvenil y garantizar la seguridad escolar. Uno de ellos es el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien calificó la eliminación de casi mil millones de dólares en fondos federales para servicios de salud mental escolar como “extremadamente decepcionante“, advirtiendo que “ahora no es el momento de vacilar en las iniciativas de salud mental para nuestros niños”.
También se ha señalado que estos programas benefician sobre todo a estudiantes de comunidades minoritarias, que son quienes más han sufrido por la falta de apoyo y recursos. Mary Wall, exsubsecretaria adjunta de Educación bajo Biden, dijo en una entrevista con The New York Times que era una “gran extralimitación equiparar los servicios de salud mental con la radicalización de los niños”. Y añadió: “Después de cada tiroteo escolar, una de las primeras preguntas es si el estudiante tuvo acceso a apoyo de salud mental. Retirar este apoyo es un riesgo real para las comunidades escolares”, sobre todo aquellas con recursos precarios.
Por otro lado, el activista de ultraderecha Christopher Rufo, conocido por su cruzada contra la teoría crítica de la raza y los programas DEI, “publicó capturas de pantalla de solicitudes de subvención en redes sociales”, dice la fuente. Según él, estas eran “prueba” de que los fondos estaban siendo usados para “promover racismo y discriminación de izquierda (…) No más fondos ilícitos para activistas bajo el pretexto de la salud mental”, escribió.
Aunque aún no hay una orden ejecutiva formal que concentre estos recortes, está claro que forman parte de una política federal más amplia que afecta directamente a los programas de salud mental para jóvenes —especialmente de minorías— en todo el país. La tensión entre las prioridades de salud pública y las decisiones políticas sigue creciendo, justo en un momento en el que el país más los necesita, deploran críticos de los recortes a las subvenciones federales usadas como arma para desmantelar programas de salud pública en medio de una crisis.

