Trump pierde otra por deportaciones

Charlotte Sweeney, jueza federal en Colorado le puso un alto, al menos por ahora, a uno de los intentos más polémicos del presidente Donald Trump para acelerar deportaciones. Emitió este martes una orden judicial preliminar que prohíbe indefinidamente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en Colorado, mientras se resuelven los casos migratorios o hasta que un tribunal superior se pronuncie.

La orden responde a una demanda presentada por la administración Trump para deportar a inmigrantes venezolanos detenidos en ese estado bajo dicha ley. Pero Sweeney falló a favor de dos venezolanos, extendiendo la protección a unos 100 connacionales, y ordenó que no sean enviados a CECOT, la cárcel salvadoreña señalada por abusos graves de derechos humanos, según la Radio Pública de Colorado (CPR).

La administración Trump apeló de inmediato, pero el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito denegó la solicitud, arguyendo que los argumentos sobre la Ley de Enemigos Extranjeros deben ser revisados por instancias superiores. El gobierno había defendido su postura alegando que las decisiones tomadas bajo esa ley eran un “privilegio del poder ejecutivo” y por tanto no estaban sujetas a revisión judicial.

Pero la jueza Sweeney no compró ese argumento. “Este argumento contradice los principios de separación de poderes que los demandados afirman valorar”, escribió. Y fue más lejos: “Los tribunales federales y la revisión judicial son una característica, no un defecto, de la estructura constitucional de esta nación”. También agregó que el hecho de que las cortes fallen contra el gobierno no significa que estén abusando su autoridad.

El director legal de ACLU Colorado, Tim McDonald, celebró el fallo: “Esta corte ha afirmado de nuevo algo esencial: deportar y desaparecer personas sin notificación adecuada y sin ‘debido proceso’ es cruel, inconstitucional e ilegal”.

Pero Colorado no es el único frente. Ese mismo martes, un juez federal en Nueva York también dictaminó que Trump usó indebidamente la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, que fue invocada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encarceló a ciudadanos estadunidenses de origen japonés en campos de concentración.

Además, la semana anterior, un juez designado por Trump en el sur de Texas se convirtió en el primer juez del país en rechazar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones. Aunque estos fallos impiden que se use esa ley específica, la jueza Sweeney aclaró sin embargo que no prohíben deportaciones por otras razones legales.

Todo esto se suma a una serie de reveses legales que ha enfrentado la administración Trump en su intento por acelerar las expulsiones. El más sonado fue un fallo de la Corte Suprema en abril, que determinó que las personas expulsadas bajo esa ley tienen derecho a impugnar su deportación en tribunales.

En resumen, los tribunales están marcando límites claros al poder presidencial en materia migratoria. Y aunque la administración Trump sigue buscando formas de endurecer su política, jueces en distintos estados le están recordando algo básico: ni siquiera el presidente está por encima de la Constitución.