Trump ataca inmigrantes por todos los flancos

Esta semana el gobierno de Donald Trump ofreció otra muestra del nivel de crueldad y cinismo de su política migratoria al detener con miras a deportar al padre de un marino estadunidense destacado en el USS Abraham Lincoln hace nueve meses en el marco de la guerra con Irán.

“Esto me rompe el corazón. No sé cómo voy a poder seguir trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi padre está en algún sitio, posiblemente tratado como un delincuente”, escribió el marino Joshua Avilés en una plataforma social.

Su padre, el nicaragüense Luis Manuel Avilés Roa, fue detenido mientras se disponía a llevar su auto al mecánico en Cayo Hueso, Florida. El hombre lleva 19 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, tiene permiso de trabajo, y una solicitud pendiente de ajuste migratorio a través de su hijo militar.

Pero nada de eso impidió su detención, como la de otros familiares de militares. Como parte de su campaña para aumentar la cifra de detenidos y deportados, el gobierno de Trump ya no considera el servicio militar como factor atenuante a la hora de detener y deportar a familiares de militares.

Una investigación de la agencia de noticias Associated Press encontró que el gobierno de Trump ha detenido a más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo y, hasta el momento, ha deportado al menos a seis de ellos.

Esa campaña impulsada por el asesor presidencial, Stephen Miller, tiene muchos tentáculos y los ataques son diversos y simultáneamente. 

Por ejemplo, la propia AP reportó que “la administración Trump se está preparando para revocar los visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo” en Estados Unidos. “De producirse, esta medida supondría la mayor revocación masiva de visas de la historia de Estados Unidos y probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales”, escribió la agencia noticiosa.

Por otra parte, y en una muestra más de que no quitará el dedo del renglón, el gobierno de Trump publicó un reglamento para codificar una cuota de 10 mil 265 dólares para las visas H-1B de trabajadores especializados en tecnología, investigaciones y educación.

Un plan similar fue bloqueado en las cortes el año pasado, pero se trató de una proclama temporal que expira en septiembre y que Trump quiere hacer permanente.

Trump y su gobierno argumentan que las empresas que contratan extranjeros con visa H-1B no quieren contratar estadunidenses, pero las empresas aseguran que no encuentran trabajadores aquí con destrezas específicas y que las visas les permiten traer el mejor talento a Estados Unidos.

Pero eso poco le importa a Trump. Su interés es llenar cuotas de detenciones diarias y deportaciones para cumplir su promesa de llevar a cabo la deportación masiva más grande de la historia. Al no conseguirlo solamente mediante redadas, se ha dado a la tarea de despojar de sus permisos de trabajo y protecciones a millones de personas, ya sea a través de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), o minando las leyes de asilo y otras protecciones, como el parole humanitario.

De hecho, el lunes la Corte Suprema de la nación le concedió a Trump un avance en su lucha por limitar el voto por correo argumentando, sin pruebas, que existe un fraude generalizado de no ciudadanos votando en las elecciones. Otro vínculo con la inmigración.

El fallo, sin embargo, no es un aval de la propuesta de Trump pues no aborda si es legal o no. Lo que hace es bloquear la decisión de  Indira Talwani, la jueza federal de distrito con sede en Boston que impidió la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, luego que una coalición de 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y el Distrito de Columbia presentaron una demanda para impedir su implementación.

El máximo tribunal concluyó que era prematuro que los estados impugnaran la orden y aclaró que pueden surgir demandas futuras.

El Brennan Center for Justice ha explicado que el plan de Trump “ordena a Segunridad Nacional, DHS, que elabore listas de ciudadanos estadunidenses en edad de votar en todos los estados, utilizando fuentes de datos federales incompletas y poco fiables”. “De aplicarse, esta orden ejecutiva provocaría el caos en nuestras elecciones, impediría votar a ciudadanos estadunidenses con derecho a ello, socavaría la privacidad de los votantes y expondría a funcionarios electorales y otras personas a ser objeto de acciones penales simplemente por desempeñar su trabajo”, indica un análisis de la organización.

Y es que los ataques de Trump a los inmigrantes llegan desde todos los flancos.

Maribel Hastings

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@maribelhastings