Trabajadores agrícolas indocumentados tendrán acceso a servicios legales grartuitos

Trabajadores agrícolas que laboran en el campo, en el Valle de Coachella (CA), una de las regiones agrícolas más grandes del país, ahora podrán votar por su sindicalización sin temor, fuera de sus sitios de trabajo, pero llevan años esperando sin éxito una reforma migratoria. Foto: Heidi de Marco / KHN.

Marco Vinicio González

Trabajadores agrícolas que participan en investigaciones laborales del estado de California podrán recibir servicios legales de inmigración gratuitos, como la revisión de sus casos, asesoramiento y representación legal, gracias a un programa piloto del gobernador Gavin Newsom, con una inversión de 4.5 millones de dólares.

“Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de nuestra economía y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los malos actores usan la amenaza de deportación como una forma de explotación”, dijo Newsom en comunicado de prensa.

Dicho programa piloto estima que la mitad de la fuerza laboral agrícolas en California la constituyen los inmigrantes indocumentados. “El temor a represalias de los empleadores, incluida la amenaza de deportación y las dificultades para obtener otros trabajos sin autorización, es una razón común por la cual muchos trabajadores de la industria agrícola no presentan reclamos laborales ni proporcionan información como testigos”, señaló el gobernador.

Siendo la explotación laboral de los campesinos una práctica común y frecuente, este nuevo programa piloto busca prevenir precisamente la explotación de los indocumentados al proporcionarles “herramientas adicionales para que los departamentos de cumplimiento laboral de California ayuden a abordar los temores de los trabajadores para ejercer sus derechos”, debido al temor por carecer de estatus migratorio.

La Directora Ejecutiva de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz, María Elena de la Garza apuntó que “Ahora es el momento de garantizar que se respeten los derechos laborales de los inmigrantes… que ayudará a garantizar que los servicios legales estén disponibles y accesibles a través de asociaciones con organizaciones comunitarias confiables en todo California… Estoy comprometida a elevar los derechos laborales de los inmigrantes para que todas las familias puedan continuar prosperando”.

Y la Directora Ejecutiva de la Fundación UFW, Diana Tellefson Torres dijo que “La discreción de la fiscalía garantiza que los trabajadores agrícolas estarán facultados para hacer cumplir sus derechos laborales y oponerse al abuso y la explotación que enfrentan a menudo… Los trabajadores agrícolas indocumentados, que forman una porción tan grande y esencial de la fuerza laboral de nuestra nación, deben poder hacer cumplir sus derechos sin la amenaza de represalias migratorias”.

El comunicado agrega que es de suma importancia que los trabajadores indocumentados tengan acceso a servicios legales gratuitos y de bajo costo, “para que cualquier trabajador agrícola que haya experimentado violaciones en el lugar de trabajo pueda presentarse sabiendo que está protegido de la deportación… esperamos trabajar con el gobernador Newsom para que sea un éxito”, añadió Tellefson.

El nuevo programa “se alinea con una política de la administración Biden recientemente anunciada, que agiliza y acelera la acción diferida para las personas indocumentadas”, víctimas o testigos de violaciones de los derechos laborales.

“California está liderando el camino en la coordinación con la Administración Biden para ayudar a los trabajadores no ciudadanos con tales solicitudes de acción diferida. La Oficina del Comisionado Laboral de California fue la primera agencia estatal en la nación en solicitar con éxito la acción diferida de la Administración Biden para los empleados bajo una investigación activa”.

Este piloto será administrado por la asociación entre la Agencia de Desarrollo Laboral y el Departamento de Servicios Sociales de California. Para ser elegibles, los casos deben estar bajo revisión de la Oficina del Comisionado Laboral del Departamento de Relaciones Industriales, la División de Seguridad y Salud Ocupacional o la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas.

El piloto está financiado con recursos existentes y se espera que comience a finales de este año, para continuar con fondos sólidos y ampliar la disponibilidad de servicios calificados en comunidades desatendidas.