Tendrán que tocar la puerta, mostrar una orden judicial, y esperar fuera de casa

Marco Vinicio González

Noticiero Latino

Autoridades federales dieron a conocer un acuerdo entre la Oficina de Inmigración y Aduanas, o ICE, y una Corte Federal de Distrito en Manhattan, que regula y  limita la autoridad y las tácticas empleadas por los agente federales en las redadas que practican en domicilios de inmigrantes indocumentados, reporta The New York Times.

Esta nueva política de ICE forman parte del arreglo alcanzado en una demanda colectiva que duró seis años de litigio, y que alega que en ocho redadas durante 2006 y 2007 los agentes de ICE irrumpieron en el domicilio de familias latinas en Long Island y en el condado de Westchester, sin orden judicial u otra justificación legal.

Las redadas fueron realizadas en la región metropolitana de Nueva York y en todo el país son parte de las operaciones nacionales de ejecución qué, según las autoridades, tienen la intención de capturar y deportar a criminales peligrosos, con una orden previa para abandonar el país. Esto forma parte de una orden ejecutiva emitida recientemente por el Presidente Obama. Pero la historia y los hechos demuestran sin embargo que esto no sucede exactamente así.

El referido acuerdo incluye el pago de un millón de dólares repartidos en entregas de 36 mil dólares de compensación para cada una de las familias que forman parte de la demanda, y el resto para el pago de abogados.

Ahora los agentes no podrán incurrir en altas horas de la madrugada y tendrán que tocar la puerta, preguntar por las personas buscadas, que hayan cometido un delito previo, presentar una orden judicial que los autoriza a realizar la búsqueda, y esperar fuera de la casa a que saga la persona requerida.

Hasta el momento, la mayoría de las demandas contra las redadas de ICE, surgidas en el área de Nueva York se han podido resolver, algunas por canales extrajudiciales, declararon al Times los abogados envueltos en la referida demanda colectiva. Pero es este último acuerdo es el que parecería ser el único que ha requerido cambios en la política federal, sostiene la fuente.

Además, el gobierno acordó retirar las órdenes de deportación que tenían pendiente cuatro de los inmigrantes que forma parte de la demanda colectiva y otorga el aplazamiento, por cuatro años, para la deportación de otros cuatro demandantes.