Suprema debate ciudadanía a hijos de indocumentados

Durante la audiencia de hoy 15 de mayo de 2025 sobre la orden ejecutiva del presidente Tump, para quitarle el derecho a la ciucdadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos no emitió un veredicto. Sin embargo, los jueces conservadores expresaron preocupación por el uso creciente de órdenes judiciales de cortes inferiores con alcance nacional.

El juez Clarence Thomas, el opositor “más abierto de la corte a permitir que los jueces de tribunales inferiores decidan que una política es inconstitucional y la bloqueen en todo el país”, dice The Hill, destacó que el país funcionó sin estas medidas durante décadas. 

Lo que sí debatieron los jueces fu el tema de si una corte inferior puede bloquear las acciones del presidente en el nivel nacional.

Esta práctica de emitir órdenes judiciales a nivel nacional, o “universales”, generó críticas y una defensa acérrima de los jueces liberales, ya que el argumento se centró en la constitucionalidad real de la orden de Trump y “si la administración cumpliría con los precedentes judiciales”.

Varios de los jueces conservadores de la Suprema lamentaron el reciente aumento de las medidas cautelares a nivel nacional, señalando que no existían cuando la fundación del país, y que se han utilizado en gran medida contra las administraciones presidenciales modernas. La última vez que la Suprema Corte ventiló este tema fue en 1898, cuando ratificó la Primera Enmienda de la Carta Magna estadunidense.

Los jueces miembros de la minoría liberal de la corte dijeron que “tales órdenes pueden ser necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables, como las familias inmigrantes”, reporto The San Francisco Chronicle. “Algunos jueces se guardaron sus opiniones para sí mismos”.

“Sobrevivimos hasta la década de 1960 sin medidas cautelares universales”, dijo el juez Clarence Thomas, quien en las pocas preguntas que hizo presionó a los abogados que defendían el dercho a la ciudadanía para los inmigrantes nacidos en este país, independientemente de su estatus migratorio.

El juez Brett Kavanaugh, otro miembro de la mayoría conservadora de la corte, observó que “las órdenes de los tribunales de distrito de Estados Unidos, que detienen las políticas presidenciales, pueden permanecer vigentes durante un año o más”, antes de llegar a la Corte Suprema.

El procurador general y abogado de la administración Trump, John Sauer instó a la corte a “reducir o levantar las órdenes de los tribunales inferiors”, pero dejó de lado cualquier argumento sobre la legalidad de la ciudadanía por nacimiento, señaló el Chronicle.

“El argumento de mérito que estamos presentando a los tribunales inferiores”, dijo Sauer, es que “el significado original de la cláusula de ciudadanía (de la Constitución) extendía la ciudadanía a los descendientes de exesclavos, no a los hijos de aquellos que estaban ilegalmente en los Estados Unidos”.

Los jueces liberales de la corte hablaron a favor de las medidas cautelares a nivel nacional.

La jueza Elena Kagan planteó por ejemplo una hipótesis, postulando que “la orden ejecutiva de Trump, que intenta eliminar la ciudadanía por nacimiento es ilegal”, y que el argumento legal del gobierno es “totalmente erróneo”.

La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que de acuerdo a las políticas de la administración federal, parecería que todos los estadunidenses “deben contratar abogados para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas… No entiendo cómo eso es remotamente consistente con el estado de derecho”.

La 14ª Enmienda afirma “la antigua y fundamental” regla de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio estadunidense, “en la lealtad y bajo la protección del país para todos”, incluidos los niños nacidos aquí de extranjeros residentes”. Las únicas excepciones declaradas son los hijos nacidos de diplomáticos extranjeros o de soldados de ejércitos invasores.

Se espera que la Corte Suprema emita su decisión final sobre este asunto antes de finales de junio o principios de julio de 2025.