Sin respuestas concretas de las autoridades, a un año de la masacre de Uvalde

Marco Vinicio González

Hoy hace un año exactamente ocurrió la más mortal balacera en una escuela primaria de Texas, la Robb Elementary School. Sin embargo, los policías de las distintas corporaciones policiales, que debieron haber intervenido para someter al gatillero y no lo hicieron sino hasta consumada la masacre una hora y 17 minutos después, hoy enfrentan pocas consecuencias; incluidos los oficiales de alto rango que tomaron decisiones críticas y equivocadas permanecen en el trabajo.

Pero no son los únicos involucrados en la muerte de los 19 pequeños y dos adultos ese 24 de mayo quienes comparten la responsabilidad, pues “la costosa demora también fue impulsada por la inacción de una serie de agentes de la ley de alto rango y supervisores”, llamados al lugar de los hechos por su experiencia, entre ellos el ex jefe de la pequeña fuerza policial del distrito escolar, dice una acuciosa investigación de The Washington Post.

Según esto, las autoridades policiales tenían conocimiento directo de que se estaba produciendo un tiroteo dentro de las aulas, sin logras detener al pistolero, Salvador Ramos, exalumno de esa escuela y quien apenas cumplió 18 años compró un AR-15 y con él asesinó a los pequeños alumnos y sus maestras.

El diagnóstico del Post resulta, dice, de docenas de horas de videos de cámaras corporales, entrevistas posteriores al tiroteo con oficiales, audio de comunicaciones de despacho y registros de licencias policiales, “lo que identificó al menos a siete oficiales que se estancaron incluso cuando aumentó la evidencia de que los niños todavía estaban en peligro”. Aun así, todos siguen siendo empleados de las mismas agencias para las que trabajaron ese día, y “Uno fue elogiado por sus acciones”.

Para muchos padres y madres de esos pequeños que perecieron en la escuela Robb, las promesas de las principales autoridades estatales y federales de responsabilizar a todos los implicados en la letal demora “se sienten vacías”.

Hasta la fecha, esos familiares dolidos comparten la vida cotidiana en Uvalde con los oficiales responsables de las muertes de sus familiares, “se surten en las mismas tiendas de comida, presencian juegos semanales de softbol, viven en los mismos barrios” y, en algunos casos, “son parientes consanguíneos”, dice la fuente.

“Cuando los vemos, bajan la cabeza”, dijo Felicha Martínez, cuyo hijo murió en el ataque y su primo es un oficial de policía que respondió al tiroteo. “Saben que hicieron mal y quizás desearían poder regresar y hacerlo de nuevo”.

Pero a un año de la tragedia que enlutó al país, donde casi todos los días ocurre un tiroteo masivo, mayormente motivado por el odio racial del terrorismo o supremacismo blanco, todavía se está investigando la respuesta al tiroteo.

En tanto, se ha abierto la posibilidad de que los oficiales enfrenten cargos, dice la fiscal de distrito de Uvalde, Christina Mitchell Busbee. Aunque “rara vez los policías enfrentan un proceso penal por errores en una crisis”, sostiene la fuente.

Con todo, el coronel Steven C. McCraw, jefe del el Departamento de Seguridad Pública de Texas dice haber abierto una investigación por irregularidades sobre media docena de agentes. “Pero absolvió oficialmente a casi todos”. Ahora McCraw promete que “renunciaría personalmente si su agencia como institución le fallaba a Uvalde”.

Así las cosas, de los casi 200 oficiales que respondieron, de agencias estatales y locales, “tan solo cuatro fueron despedidos después de que los superiores descubrieron que cometieron errores críticos”. Cuatro renunciaron, dos de los cuales “tenían seres queridos que fueron asesinados ese día”.

De esta suerte, dos oficiales que el Departamento de Seguridad Pública decidió despedir todavía están empleados en las agencias policiales, “y otros encontraron formas de suavizar el golpe de ser despedidos o renunciar”, después de la masacre•

Uvalde Family Learned to Grieve in Public