Se agota el tiempo para las negociaciones del Congreso y Biden por la ayuda a Ucrania

Campesinos mexicanos y centroamericanos en los campos agrícolas de Yakima, Washington, con la esperanza de que esta vez se consume la reforma migratoria. Foto: https://yakimadiocese.org/.

Marco Vinicio González

El Congreso y la Casa Blanca negocian contra el reloj un paquete de ayuda a Ucrania. Los republicanos exigen a Biden prácticamente adoptar la ley H.R. 2, que la Cámara de Representantes acaba de aprobar sin un solo voto demócrata.

La Casa Blanca advierte sobre las consecuencias de no resolver este asunto antes de que los legisladores se vayan de vacaciones de fin de año, mientras los republicanos insisten en aprobar la ayuda de más de 10 billones de dólares a Ucrania, a cambio de imponer reformas migratorias extremas como eliminar la autoridad del poder ejecutivo para emitir libertad condicional humanitaria, o parole, y erradicar políticas de inmigración y fronteras de Estados Unidos además de limitar el asilo.

Además, los republicanos buscan la expulsión de todos los solicitantes de asilo, y el fin de programas que permiten la entrada mensual de 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ecuatorianos con un patrocinador estadunidense.

Biden propone el parole, como una solución a corto plazo, que puede conducir al asilo y al permiso de trabajo. Expertos alegan que cuando las personas son admitidas como refugiados, a diferencia de cuando sólo estaba en libertad condicional o parole, pueden convertirse en residentes permanentes.

El hecho de que la administración federal haya establecido un sistema de escrutinio para visados temporales, como la aplicación electrónica CBP One, que se aplica desde fuera del país, canaliza a los migrantes hacia una vía legal tradicional.

Un reporte de la Fundación Nacional para la Política Estadunidense (NFAP), que examinó 100 años de datos de detenciones de la Patrulla Fronteriza, dice que las medidas para endurecer la aplicación de la ley no lograron reducir la entrada ‘ilegal’ al país. Pero en cambio, las políticas que proporcionaron más vías legales para ingresar a Estados Unidos funcionaron.

Otro intento de los republicanos es elevar el estándar de miedo creíble, una medida que podría ser posible, pero a condición de que se aumente el número de oficiales de asilo disponibles para revisar las solicitudes iniciales de miedo creíble, lo que no ocurre en la realidad actual.

Entre tanto, los cuatro senadores demócratas del caucus latinos (Alex Padilla, Bob Menéndez, Catherine Cortez Masto Ben Ray Lujan), y la senadora de Hawai, Mazie Hirono, solicitaron una reunión a la Casa Blanca para discutir las concesiones fronterizas “significativas” que Biden tiene en mente.

Otros legisladores sugieren al mandatario que para lograr las reformas de asilo, junto con un mayor financiamiento al sistema de migración, considere el proyecto de ley H.R. 3599, de las representantes republicanas, María Elvira Salazar, de La Florida, y su contraparte demócrata de Texas, Verónica Escobar, que evita medidas extremas y al mismo tiempo aborda problemas del actual sistema de asilo.

La H.R. 3599 aceleraría el procesamiento, establecería campamentos humanitarios para los solicitantes de asilo e iniciaría centros de inmigración en Latinoamérica para una evaluación previa de las solicitudes de asilo aumentando las penalidades por fraude en los casos de asilo, entre otras reformas.

Economistas señalan que Estados Unidos necesita trabajadores para crecer. Si el argumento es que muchas personas de América Latina están huyendo de dificultades económicas y no tienen solicitudes de asilo suficientemente sólidas, los republicanos podrían promover visas de trabajo temporales como alternativa.

Y señalan como ejemplo ilustrativo que el programa Bracero de la década de 1950 redujo la entrada ilegal en más del 90% mientras el número de trabajadores agrícolas mexicanos aumentaba. Y que las visas de trabajo también han reducido la inmigración ‘ilegal’ desde México en los últimos años.

Nota de interés:

Anti-Immigrant Proposals Would Undermine the System — Not Reform It