Reviven republicanos tácticas de supresión del voto, pero los demócratas los frenan

Recientemente la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una de las organizaciones latinas de derechos civiles más antiguas de la nación y defensora de los derechos de voto de los latinos, pidió al Departamento de Justicia abrir una investigación sobre una serie de redadas contra activistas latinos y contra voluntarios demócratas, como parte de una extensa investigación de supuesto fraude electoral inducida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

La medida pertenece al recurrente despliegue del arsenal republicano para suprimir el voto de las minorías, dicen expertos, a 70 días de la elección presidencial. Pero finalmente funcionarios electorales locales, candidatos políticos, el Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata de Georgia, con el apoyo de la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris, fincaron una demanda legal contra de la Junta Electoral de Georgia.

La demanda se produce semanas después de que la junta electoral estatal votara 3 contra 2, dando a las autoridades electorales de ese estado facultades “inconstitucionales” para retener y dilatar la certificación de la elección si los resultados no les son favorables. Los demócratas advierten que los funcionarios electorales republicanos pretenden crear un “caos” el día de la elección.

Antes, en conferencia de prensa LULAC había señalado que muchos de los destinatarios de las redadas eran líderes y voluntarios electorales demócratas, y que algunos eran residentes mayores de entre 70 y 80 años.

Por su parte, el director del capítulo de Texas de LULAC, Gabriel Rosales declaró a The New York Times que “los oficiales que llevaron a cabo las redadas se llevaron teléfonos móviles, computadoras y documentos”. Y llamó a dichas redadas “alarmantes… un persistente esfuerzo por suprimir a los votantes latinos”.

En San Antonio, afuera de las oficinas del fiscal general los miembros de LULAC dijeron estar presentando una queja de derechos civiles ante el Departamento de Justicia, mientras el senador estatal texano, Roland Gutiérrez señaló que estaba solicitando una investigación del Senado estatal sobre las redadas.

Entre tanto, la demanda de los demócratas sostiene que la junta electoral texana, dominada por los republicanos, busca dar a los funcionarios electorales locales una amplia licencia para “cazar supuestas irregularidades electorales de cualquier tipo”, lo que podría retrasar la certificación de la elección y “desplazar los procesos de larga data y supervisados por la corte, para abordar el supuesto fraude”.

La medida de los republicanos busca también aprobar reglas que den a los funcionarios electorales autoridad para llevar a cabo una “investigación razonable” sobre las elecciones, antes de la certificación; y para exigir que los funcionarios electorales del condado reciban “toda la documentación relacionada con las elecciones” antes de confirmar al ganador, “creando la impresión de que los funcionarios electorales locales tienen poder discrecional sobre la certificación de los resultados de las elecciones”.

En las últimas semanas el foco de la atención política se ha posado sobre Georgia, desde que el presidente Biden se retiró de la carrera presidencial y las encuestas han mostrado que la la candidata que retomó la estafeta, Kamala Harris está cerrando la brecha con el expresidente Trump en ese estado crítico y cambiante o “campo de batalla”.

La elección pressidencial 2024 ha puesto las acciones de la junta electoral texana en el centro del escenario político.