Reitera Homan deportar familias juntas

El 27 de octubre de 2024, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entonces también asesor de inmigración del presidente Donald Trump, Tom Homan declaró que las familias migrantes podían ser deportadas juntas como alternativa a la separación familiar. La afirmación fue hecha durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de realizar deportaciones masivas sin romper núcleos familiares.

Homan, posteriormente denominado el “zar fronterizo”, afirmó con firmeza: “Las familias pueden ser deportadas juntas”. Justificó su postura culpando a los padres migrantes: “Los que cruzan la frontera ilegalmente con sus hijos crean esa crisis”. Añadió qué, aunque la separación familiar no fue su idea, firmó la orden “con la intención de salvar vidas”, convencido de que la persecución penal disuadiría nuevos cruces fronterizos.

También sostuvo que cualquier inmigrante que estuviera en el país de forma ilegal podía ser deportado, aunque afirmó que la prioridad sería enfocarse en quienes representaran una amenaza a la seguridad pública o nacional.

Las declaraciones generaron de inmediato críticas por parte de defensores de los derechos de los migrantes, quienes advirtieron que deportar a familias completas, incluidos niños nacidos en Estados Unidos, puede causar “consecuencias devastadoras para su bienestar y estabilidad”. PolitiFact y otros medios calificaron los comentarios como alarmantes, dada la historia reciente de separaciones traumáticas en la frontera sur.

El contexto no ayudó. Ese mismo mes se conoció el caso de una niña ciudadana estadunidense de dos años, deportada a Honduras junto con su madre sin un proceso legal adecuado y en contra de los deseos de su padre, lo que generó fuertes cuestionamientos al gobierno federal.

Por su parte, el juez Terry A. Doughty, del Distrito Oeste de Luisiana y designado por el propio partido de Trump, señaló que el gobierno había ignorado una petición de emergencia presentada por el padre de la menor para evitar su expulsión. “El tribunal sospecha firmemente que el gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadunidense sin proceso legal significativo”, escribió el juez en su resolución, y fijó una audiencia para el 16 de mayo. El caso fue reportado por The New York Times y Político como uno de los ejemplos más graves de abuso de poder en la política migratoria actual.

Paralelamente, siete jueces federales en todo el país bloquearon deportaciones de migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros y enviados a El Salvador, amparándose en una ley poco común de tiempos de guerra.

En el caso de la niña de dos años, los documentos judiciales detallan que ella asistió a una cita de inmigración en Nueva Orleans junto con su madre, Jenny Carolina López Villela y su hermana mayor, cuando fueron sorprendidas y detenidas por agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La petición legal sostiene que la detención y deportación de la menor “carece de fundamento jurídico y viola sus derechos fundamentales al debido proceso”.

Trish Mack, su tutora legal, ha exigido su liberación inmediata y su regreso a Estados Unidos. La controversia pone en evidencia los riesgos legales y humanos de las políticas migratorias impulsadas por la actual administración, concluye la fuente.