Redadas y miedo en Altadena frenan reconstrucción

La presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las tareas de reconstrucción de uno de los incendios más devastadores —si no el peor— en la historia de Los Ángeles está alejando a los trabajadores y ralentizando el proceso de recuperación de la ciudad.

Esto se debe a que muchos de esos trabajadores son inmigrantes indocumentados. Aunque no hay cifras específicas para Altadena, se estima que hay entre 800 mil y 950 mil trabajadores migrantes indocumentados en la región. La población inmigrante del condado ha superado el 30 por ciento desde los años 90, según la Universidad del Sur d California, USC, aunque bajó del 36 % en 2000 al 34 % en 2021.

Según el portal de datos del Instituto de Investigación Económica (ERI) de la Universidad del Sur de California (USC), se calcula que hay 3.2 millones de inmigrantes en el condado de Los Ángeles —más de un tercio de la población total— y que un 7.1 %, o más de 800 mil personas, están sin estatus legal. Así lo destacó SOILA en su Cumbre Anual de Inmigración, en la que se reconoció el aporte clave de los inmigrantes al crecimiento económico y la cultura local.

Ya en 2019, el Migration Policy Institute (Instituto de Política de Migración), estimaba unas 951 mil personas sin papeles en el condado, casi el 10 % de la población total. Otras fuentes locales recientes también hablan de “más de 800 mil” indocumentados. Para la Ciudad de Los Ángeles, los datos de 2021 estimaban unos 415  mil indocumentados, sin contar otras zonas del condado.

Muchos de estos trabajadores se desempeñan en sectores como construcción, servicios domésticos, alimentos, agricultura, cuidado de niños y personas mayores, costura-moda, y más.

Rosie Arroyo, Vicepresidenta y Programadora Oficial Senior, de California Community Foundation. Foto; De su página web.

Un caso reciente lo muestra con claridad: en Altadena, cuando agentes de ICE allanaron un sitio de reconstrucción este mes buscando a una persona específica, no hubo arrestos, como suele ocurrir cuando ICE toca la puerta de una familia de inmigrantes con estatus mixto o todos indocumentados, y el agente pregunta or Pedro, qu no está en casa pero se lleva a Juan y a los otros indocumentados que estén ahí en ese momento. El individuo no estaba allí. Pero, como reportó el Los Angeles Times, el solo hecho de su presencia fue suficiente para que los trabajadores detuvieran temporalmente el proyecto.

Aunque los trabajos se reanudaron a fines de la semana, la cuadrilla regresó con miedo, dijo Brock Harris, un agente de bienes raíz involucrado en el proyecto. “Tuvo un efecto escalofriante”, comentó. “Están sembrando miedo entre quienes solo quieren ayudar a reconstruir Los Ángeles”.

Estos trabajadores indocumentados, que a menudo aceptan los empleos que otros no quieren, son esenciales para levantar de nuevo la ciudad. Están activos en áreas como construcción, servicios domésticos, agricultura, confección, y el cuidado de niños y adultos mayores.

Rosie Arroyo, de la organización sin fines de lucro, Alliance for a Better Community, parte de la Fundación Comunitaria de California, dijo que “las inversiones y el trabajo comunitario de casi dos décadas están fortaleciendo la inclusión de inmigrantes en el condado de Los Ángeles”.

El programa que lidera Arroyo ha ofrecido apoyo legal a unas dos mil personas en riesgo de deportación, y es parte de una alianza público-privada con la Ciudad y el Condado de Los Ángeles, la Fundación Comunitaria de California y la Fundación Weinberg. Según Arroyo, ya han recaudado más de 40 millones de dólares combinando fondos públicos y filantrópicos, informó a la funcionaria a Los Angeles Times.

La alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, la presidenta de la Fundación Comunitaria de California,  Antonia Hernández y la supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, participaron todas en el panel de cierre de la referida cumbre y habló sobre la importancia de que el Distrito 1 del Condado lidere a los ciudadanos con el ejemplo. Solís señaló que los inmigrantes a veces se muestran reacios a acceder a los servicios gubernamentales por temor a las repercusiones, e instó a las organizaciones sin fines de lucro y al Condado a tener eso en cuenta al desarrollar soluciones.