Rechazo expedito a solicitantes de asilo, obsequio para traficantes en la frontera

De la redacción

La existencia cada vez mayor de miles de migrantes varados en la frontera mexicana con Estados Unidos tras ser deportados la vía del fast track, ha vulnerado a estas familias migrantes cuya mayoría ha cruzado desde Centroamérica por el peligroso territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y ser rechazados de manera expedita, hacinándose por tiempo indefinido en el lado mexicano de la frontera, donde se vuelven presa fácil del crimen organizado, dice una nota de Axios, citada por el Foro Nacional de Inmigración.

Al parecer, una vez en las garras de las bandas del crimen organizado, que ha dado un giro sustancial hacia el secuestro y la extorsión, dejando en segundo plano el negocio del tráfico de estupefacientes, los migrantes incluso estarían siendo torturados para arrancarles nombres y paraderos de las personas que podrían pagar por su recate; y de no hablar o no tener a una persona que pudiera rescatarlos, muchas veces la extorsión termina en el desmembramiento de esos migrantes secuestrados.

Como se recordará, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudó el viernes los vuelos de deportación por la vía rápida a Centroamérica, y el lunes las autoridades dijeron que planeaban reanudar dichos “vuelos de remoción acelerada”, luego de un aumento en el número de migrantes que cruzan hacia el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, informa por su parte The Washington Post.

El DHS habría dicho que las familias detenidas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fueron devueltas a sus países en Guatemala, El Salvador y Honduras. “Dos vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) partieron de Texas con 73 personas, menos que los 147 adultos y niños originalmente programados para viajar”, que se vieron impedidos de hacerlo “después de dar positivo al coronavirus o haber estado en contacto con alguien infectado”.

Y es que para acelerar las deportaciones, lejos de derogar el uso perverso del Título 42, una medida sanitaria que sirvió a Trump para deportar a cientos de miles bajo el pretexto de no poder admitirlos para solicitar asilo por cuestión de seguridad nacional ante la acelerada propagación del coronavirus, la administración Biden apeló para mantener con vida la medida.

Ésta permite a los funcionarios expulsar rápidamente a los migrantes sin posibilidad de asilo, según dictaminó el jueves una corte federal de apelaciones en Washington, D.C. Dicho dictamen dejará a la administración Biden hacer cumplir el controvertido programa del Título 42 mientras se está litigando. Y como se sabe, recientemente la medida se invocó para deportar a miles de migrantes haitianos en Del Río, Texas.

Pero defensores de la inmigración han calificado la medida de innecesaria, y han citado el derecho de asilo reconocido bajo convenios internacionales que este país suscribió.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU protestó ante la medida. Lee Gelernt, el abogado principal de esta organización de defensa legal en la impugnación del Título 42, dijo en comunicado: “Si la administración Biden realmente quiere tratar a los solicitantes de asilo humanamente, debería poner fin a esta política ilegal ahora y retirar su apelación… Seguiremos luchando para acabar con esta política ilegal”.

Y es que entre enero y agosto unos 6 mil 356 migrantes que se dirigieron a Estados Unidos fueron víctimas de secuestros y abusos, dice un documento de Human Rights First, basado en entrevistas a víctimas de los cárteles y otros grupos del crimen organizado en México, que “pueden ganar entre 600 y 20 mil dólares por cada rescate”.

En tanto, esta semana ocho gobernadores republicanos viajarán a Mission, Texas, para dar a conocer su plan de 10 puntos sobre la seguridad fronteriza, informa Prensa Asociada (AP). “Los cárteles deben estar encantados: nueve de las diez propuestas del plan simplemente empujarían a los migrantes fuera del ya elusivo camino legal de entrada a las manos de contrabandistas, coyotes y secuestradores”. Y luego culpa al Congreso también: “A través de su inacción, el Congreso ha subcontratado el sistema de Inmigración de nuestra nación a los cárteles. El crimen organizado, no nuestro gobierno, está determinando quién puede ingresar a los EE. UU”.

Por otro lado, el Migration Policy Institute concluye que el DHS “podría crear un sistema de inmigración más eficiente, humano y confiable a través de una mejor colaboración e integración de las agencias”, sostiene The Houston Chronicle■