¿Quién los está arrestando?

La cadena MSNBC advirtió que cada vez más agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están haciendo arrestos sin mostrar identificación ni insignias. A veces incluso están encapuchados. ¿El problema? Ya hay reportes de personas que se hacen pasar por agentes federales para asaltar a quienes parecen indocumentados, dicen algunos crítico de la administración federal en los noticiarios televisivos.

En Los Ángeles, esto se ha vuelto una historia de todos los días. Los noticieros muestran arrestos en vivo, pero los vecinos muchas veces no saben quién está esposando a quién, ni adónde se llevan a los detenidos. Incluso periodistas e investigadores aguzados necesitan a veces hasta días para confirmar si una persona fue arrestada legalmente o simplemente desapareció tras ser abordada por hombres enmascarados.

¿Son de ICE? ¿HSI? ¿Ladrones? ¿Policías federales vestidos de civil? La confusión es enorme.

Como ya se ha reportado, muchos agentes federales se movilizan en vehículos sin placas, visten de civil y no se identifican. Y aunque todas estas agencias forman parte del DHS —creado tras los atentados del 11 de septiembre para combatir el terrorismo— casi no se escuchan noticias de que estén arrestando a terroristas domésticos.

Lo que sí se escucha, y mucho, son las cifras crecientes de arrestos de inmigrantes. A principios de junio, ICE llevó a cabo redadas importantes en Los Ángeles.

El 6 de junio, en el Fashion District, varios almacenes y un Home Depot, ICE detuvo a 44 personas y arrestó a otra por obstrucción. Esa misma semana, el Departamento de Seguridad Nacional reportó 118 arrestos en total a lo largo de la ciudad (CBS).

Hacia finales del mes, las cifras aumentaron: al menos 330 personas arrestadas, incluyendo algunos vendedores ambulantes.

Entonces, ¿qué hace exactamente ICE?

Según Los Angeles Times, ICE, junto con su rama de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO), se encarga de identificar, arrestar, detener y deportar a inmigrantes sin autorización. En teoría, dicen, se enfocan en quienes representen una amenaza para la seguridad pública: personas con antecedentes criminales, miembros de pandillas o quienes reingresaron ilegalmente al país tras haber sido expulsados. 

Pero el despliegue no se ha limitado a ICE. También se movilizaron inicialmente 2 mil y luego 4 mil soldados de la Guardia Nacional, aunque California dice que no eran necesarios. Además, llegaron 700 marines, elevando aún más la tensión.

Esto provocó una reacción inmediata de las autoridades estatales. El estado de California presentó una demanda federal contra la administración Trump, cuestionando la legalidad de desplegar tropas sin el consentimiento estatal.

Aunque la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió que el gobierno federal mantenga temporalmente el control sobre las tropas, también dejó claro que el caso sí puede ser evaluado judicialmente. El tribunal solicitó más argumentos sobre posibles violaciones a la Posse Comitatus Act, una ley de 1878 que prohíbe el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley civil, a menos que el Congreso lo autorice. Cosa que no ocurrió.

El juez que lleva el caso es Charles R. Breyer, un juez federal con amplia trayectoria y hermano del exmagistrado de la Corte Suprema, Stephen Breyer. Desde San Francisco, Breyer ha pedido que tanto la administración federal como el estado de California expliquen si hubo violaciones a esa ley.

California, por su parte, insiste en que no había una rebelión ni justificación legal para federalizar la Guardia Nacional en Los Ángeles. Trump y su equipo legal sostienen que actuaron conforme a la Sección 12406 del Título 10, que autoriza al presidente a movilizar tropas en determinadas circunstancias. Y aunque admiten que su decisión puede ser revisada, aseguran que fue legal.

Así que el caso sigue abierto. Mientras tanto, para los ciudadanos de a pie en Los Ángeles, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién está arrestando a quién… y por qué nadie da la cara?