Que nadie enfrente solo o sin abogado la deportación, exigen políticos y estudiosos

Marco Vinicio González

Aunque la larga frontera entre México y Estados Unidos no se desbordó con la inhabilitación del Título 42, como esperaban algunos con fines electorales, todos los días el sistema de inmigración de Estados Unidos separa a las familias de sus seres queridos al deportarlos sin darles el derecho que les corresponde por la ley internacional de asilo.

Con la deportación de miles sin recibir el debido proceso, a tales inmigrantes se les separa de sus medios de vida y sus comunidades, incluyendo a personas con el derecho legal de estar aquí, personas que tienen familias de estatus migratorio mixto e incluso bebés nacidos en este país. Es decir, ciudadanos estadunidenses que ven violados sus más elementales derechos civiles.

Así que enfrentar solo un proceso judicial en la deportación es sumamente complicado. Pues en Estados Unidos las personas que enfrentan la deportación no obtienen automáticamente un abogado de oficio o financiado con fondos públicos. Y si no pueden permitirse contratar a un abogado, no tienen más remedio que “navegar solos por el laberinto notoriamente complicado y en constante cambio de la Ley de Inmigración”.

Es por eso que Vera y un centenar de sus socios lanzaron la campaña a favor de la ‘Ley de Equidad para la Libertad’, que impulsa una legislación “que establezca un derecho universal a la representación legal financiada por el gobierno federal para cualquier persona que se enfrente a la deportación y no pueda pagarla”.

Dichos defensores de la justicia para los inmigrantes de todo el país se unieron a la representante demócrata de California, Norma Torres, para para enviar un fuerte mensaje al Congreso y pedir la aprobación de la ‘Ley de Equidad para la Libertad de 2023’.

Por eso, el mes pasado dicho proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes y el Senado por legisladores demócratas como la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, la representante Norma Torres, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, las representantes de Washington, Pramila Jayapal, y la de Nueva York, Grace Meng.

No es algo tan difícil de entender. Para todo mundo es fácil saber que tener un abogado hace “una diferencia asombrosa” en el resultado de un caso judicial.

Y es que la fuente afirma que en los tribunales de Inmigración hay más de 2.1 millones de casos rezagados a partir de febrero de 2023; más de 1.3 millones de personas, o “el 62 por ciento de los inmigrantes que se enfrentan a la deportación en un tribunal de Inmigración, carecen de representación legal y deben defenderse contra la posibilidad de ser expulsados por la fuerza de sus hogares, familias y comunidades”.

Esta deplorable cifra, sostiene la fuente, incluye adultos, familias y niños no acompañados. Y agrega que estudios muestran que las personas detenidas por Inmigración con abogados tienen “3.5 veces más probabilidades de obtener una fianza -lo que les permite salir de la detención-, y hasta 10.5 veces más de probabilidades de establecer su derecho a permanecer en Estados Unidos”, que aquellos sin representación legal.

No obstante, actualmente hay más de 55 jurisdicciones en todo el país que han establecido sus propios programas de representación legal financiados con fondos públicos, dice el Vera.

De ahí que sea tan relevante la iniciativa de este Instituto y más de 100 socios unidos a la propuesta de ley de los legisladores mencionados, para exigir al Congreso que financie un “sistema nacional de defensa pública de inmigración”, para que de esta suerte “nadie que se enfrente a la detención o deportación deba comparecer solo ante un juez”•

•  Una cuarta parte de todos los niños en los EE. UU. son latinos, según un estudio del censo de EE. UU.
• El número de migrantes que cruzan la frontera ha alcanzado su punto más bajo desde que Biden asumió el cargo, y nuevos mínimos por varias razones, algunas de ellas temporales. Aquí hay cuatro razones por las que no hubo un aumento posterior al Título 42.