Proyecto republicano para elevar el límite de la deuda podría dejar sin cobertura médica a millones

Luis Bautista, internista en el Centro Médico Bautista en Fresno, California, examinó al trabajador agrícola José González. González dice no estar listo para jubilarse y que necesita su seguro para mantenerse saludable. Foto: Heidi de Marco/KHN.

Marco Vinicio González

Esta semana que arrancó por cierto con el Día del Trabajo, que se celebra en muchas partes del mundo pero no en Estados Unidos, Línea Abierta apuntó los reflectores hacia lo que “advierten defensores latinos acerca la ley de los republicanos de la Cámara de Representantes para pasar el límite de la deuda del gobierno.

Dicha ley exige como requisito un reporte que testifique haber trabajado aunque sea en actividades de participación comunitaria pero por lo menos unas 80 horas al mes para poder aspirar a tener Medicaid. Esto no sólo hace más difícil acceder a la ayuda, sino que además pone en peligro el acceso a la atención médica de millones de personas”, dice este programa noticioso.

Para algunos esto equivale a desmantelar las redes de apoyo que buscan el bienestar social.

La conductora de Línea Abierta, Chelis López se refiere también a que dicho proyecto de ley pondría en peligro el auge de la energía limpia sustentada en la Ley de Reducción de la Inflación.

La invitada al programa y Directora de Estrategia Estatal del Medicaid en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas en Washington, DC, Laura Guerra-Cardus dijo que el referido proyecto de ley republicano “tiene efectos en la salud, en la alimentación y en muchas otras áreas”.

Además, agrega Guerra-Cardus que “Impondría recortes muy impopulares que dejarían una marca en familias trabajadoras, niños y personas mayores sin cobertura de salud. Al mismo tiempo, protegería a los mismos que evaden impuestos… Debe ser rechazado”.

Los republicanos aseguran que su proyecto no va a dañar la red de seguridad social, que los requisitos laborales pueden sacar a las personas de la pobreza y terminar con su dependencia con el gobierno, señala López.

“Tenemos el ejemplo del seguro de salud”, dijo Guerra-Cardus. “Ese proyecto de ley pondría a más de diez millones de personas a riesgo de perder la cobertura de salud… porque resucita una política fallida: quitar la cobertura de salud a través de un nuevo requisito de tener que reportar las horas de trabajo”. Cuando se implementó, en Hackensack, Nueva Jersey, dijo, esa política provocó que 18 millones de personas perdieran la cobertura en siete meses y no alzó la tasa de empleo”.

Y eso pasa porque “la mayoría de los adultos inscritos en Medicaid están trabajando ya”, añadió la mujer, “los otros, que deberían estar exentos, porque están por ejemplo con una condición grave…; o porque puede ser que están en tres trabajos, de bajos salarios, con horarios fluctuantes; o porque viven en lugares sin muchas formas de traslado disponibles… es una forma ‘creativa’ para cortar fondos del Medicaid, y lo mismo pasa con la asistencia alimentaria”.

–Háblenos un poco más sobre las dificultades y complejidades de los trámites para acceder al Medicaid –pide López a la invitada.

La renovación de millones de solicitudes cada año abriga una buena posibilidad de que la inscripción al Medicaid no se dé. Por cuestiones burocráticas, porque un documento se pierde o alguien no lo entiende, o porque las agencias no cuenten con suficiente personal para procesar el papeleo, explica Guerra-Cardus.

“Eso es lo que vimos en Hackensack”, añadió, “implementaron ese requisito de reportar el trabajo, y se tuvo que parar. Porque en siete meses casi 20 millones de personas perdieron su cobertura médica. Esta política se opone a todos los usuarios de Medicaid”.

La analista plantea además que esta ley de los republicanos está hablando de valores, pero de valores equivocados que al mismo tiempo que dificultan el acceso para los necesitados, “prioriza la protección para los más ricos, para los que precisamente no pagan su parte justa de impuestos… mientras que quita necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica a las personas más necesitadas”.

Esta ley además va a requerir que todos los estados dejen afuera a todas las personas cuyos ingresos aumentaron y ya son muy altos para ser elegible al Medicaid, apunta López.

Las revisiones periódicas de la suscripción al Medicaid “son por un lado porque ya estamos saliendo de la pandemia, que fue un periodo donde era muy importante tener cobertura”, dice Guerra-Cardus. Y por el otro, “se necesita empezar otra vez las renovaciones anuales… no tenemos un sistema perfecto en donde se pueda saber el salario de cada persona y moverla a otros programas como CHIP, el mercado de salud en el momento que cambie su salario; y que no pierda sus doctores, y que todo vaya muy ben”. Hay un alto riesgo de fallar, sostiene.

“¿Quién de nosotros piensa que está bien quitar seguro médico y comida a una persona que está sin trabajo? O a una persona que enfermó y no tiene beneficios médicos en su trabajo, donde le siguen pagando pero tuvo que recortar las horas para poder quedarse en casa a cuidar a sus enfermos”.

Laura Guerra-Cardus concluye que investigaciones afirman que el acceso a la alimentación y al seguro médico ayuda a que la gente esté sana para poder contribuir a su familia, a su comunidad. “Al final del día, todos merecemos acceso a la comida y el seguro médico porque somos humanos”■