Proteger a los migrantes ante las amenazas de “purga” de Trump

Este primero de mayo en año electoral nos recuerda la importancia de los trabajadores migrantes esenciales y cuán urgente es que quienes son indocumentados obtengan protección y permisos de trabajo en medio de la venenosa atmósfera política que vivimos y que puede empeorar.

A través del país se organizaron eventos pidiéndole al presidente Joe Biden que conceda, ante la inacción del Congreso, alivio migratorio incluyendo a los cónyuges sin documentos de 1.1 millones de ciudadanos estadunidenses.

La situación es precaria ante los planes que fragua el virtual nominado presidencial republicano, Donald Trump. El expresidente y sus asesores vienen con el cuchillo entre los dientes, más afilado, para implementar su menú antinmigrante, comenzando con las deportaciones masivas. Esto, si lo nominan oficialmente y derrota a Biden el 5 de noviembre.

En entrevista con la revista Time, Trump y sus asesores delinearon los maquiavélicos planes con énfasis en la frontera con México. El autor escribió que “para llevar a cabo un operativo de deportaciones diseñado para expulsar del país a más de 11 millones de personas, me dijo Trump, estaría dispuesto a construir campos de detención de inmigrantes y desplegar al ejército estadunidense tanto en la frontera como al interior del país”.

“Trump dice que planifica firmar órdenes para reinstalar muchas de las mismas políticas de su primer mandato, como el programa ‘Quédate en México’, que exige que los solicitantes de asilo no mexicanos sean enviados al sur de la frontera hasta sus citas judiciales; y el Título 42, que permite a los agentes fronterizos expulsar a los migrantes sin dejarles solicitar asilo”, dice el referido artículo.

Sobre cómo planifica las deportaciones masivas, Trump dijo al Time Magazine que “se apoyaría sobre todo en la Guardia Nacional para acorralar y expulsar a los indocumentados por todo el país”. Y agregó que “Si no fueran capaces, entonces usaría (otras partes de) las fuerzas armadas. Cuando le pregunto si eso significa que anularía la Ley Posse Comitatus -una ley de 1878 que prohíbe el uso de la fuerza militar contra civiles-, Trump parece impasible ante el peso del estatuto”. Y Trump afirmó, “Bueno, estos no son civiles. Son personas que no están legalmente en nuestro país”.

La advertencia de una “purga” de migrantes, de campos de detención de indocumentados y de deportaciones masivas no son simples amenazas de Trump. Sus proponentes han ido buscando subterfugios legales que les permitan implementar los planes sin ser frenados en los tribunales. 

Además de lo citado por Time, el expresidente quiere cancelar el TPS afectando a 700 mil beneficiarios, reinstalar la Tolerancia Cero, negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, e imponer una prueba ideológica a los solicitantes de visa. Muchas de estas propuestas están contenidas en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, un mapa del potencial segundo mandato de Trump en inmigración y otros temas.

Tanto las amenazas de Trump como los reclamos de trabajadores migrantes y de sus familiares ciudadanos y residentes no pueden caer en oídos sordos. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y muchos en este país no conocen su historia. Ya han ocurrido “purgas” como la encabezada por el presidente republicano Ike Eisenhower y su “Operación Espalda Mojada” de los años 50, que removió del país a más de un millón de mexicanos, incluyendo ciudadanos estadunidenses. 

Como ha quedado demostrado en la historia más reciente, las leyes estatales que buscan perseguir y remover indocumentados terminan violando los derechos civiles de ciudadanos y residentes en el proceso.

Esto ocurre cuando diversos sondeos concluyen que los estadunidenses apoyan políticas que balanceen el control de las fronteras con la legalización de indocumentados, sobre todo los que llevan décadas viviendo y trabajando en este país.

Porque ni este 1 de mayo ni nunca hay que olvidar el papel vital de todos los trabajadores, sobre todo los que laboran sin tener un documento que les garantice que tras una vida en Estados Unidos, con hijos y nietos ciudadanos, y pagando impuestos, no estarán a un paso de la deportación si Trump retorna a la Casa Blanca.