¿Protege la Primera Enmienda a los inmigrantes?

La Corte Suprema ha establecido que la Primera Enmienda protege a los no ciudadanos en Estados Unidos contra sanciones penales y civiles, pero no necesariamente frente a detenciones y deportaciones de voces disidentes.

En este sentido, el gobierno federal tiene poder casi absoluto sobre inmigración, incluyendo la deportación de no ciudadanos, incluso si ello afecta sus derechos constitucionales, señala The New York Times. En los años 50, dice, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno podía deportar a inmigrantes por su afiliación al Partido Comunista sin violar la Primera Enmienda, amparándose en “una ley de 1952 que permite deportaciones por opiniones que obstaculicen la política exterior”.

Si bien los ciudadanos están protegidos contra represalias por sus opiniones, para los inmigrantes la situación es incierta. Mahmoud Khalil, el estudiante de Columbia ha sido arrestado tras protestar contra el genocidio israelí en Gaza. Nadine Strossen, expresidenta de la ACLU, señala que la postura del gobierno “deja a los inmigrantes sin un derecho práctico a la libertad de expresión”.

El problema radica en si la Primera Enmienda protege a los inmigrantes. El gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos sin audiencia judicial, alegando—sin pruebas—que eran miembros de bandas criminales apoyadas por Caracas.

El temor a represalias puede llevar a los inmigrantes a autocensurarse. Críticos de la administración Trump advierten que esta estrategia podría ser usada en el futuro contra cualquier grupo. Como ejemplo, mencionan que un gobierno demócrata podría alegar que “inmigrantes conservadores que asisten a mítines de Make America Great Again están apoyando a un enemigo del país por oponerse a la ayuda a Ucrania y proceder a deportarlos por sus opiniones”.

Esta ambigüedad plantea preguntas clave: ¿Qué es un acto violento? ¿Quién es un enemigo de EE.UU.? ¿Qué significa apoyarlo? Un presidente podría reinterpretar estas respuestas según su agenda y perseguir a opositores, vulnerando derechos fundamentales, sostiene la fuente.

Y es que la Corte Suprema no ha abordado directamente este tema del derecho de los inmigrantes a la Primera Enmienda, “desde el Terror Rojo de los años 40 y 50”. Tribunales inferiores sí han fallado sobre el tema pero de manera dividida, or lo que la administración Trump está llevando todo esto al límite, lo que podría obligar a la Corte Suprema a pronunciarse nuevamente.

El temor entre los estudiantes es real y perjudicial para el país. Universidades ya han advertido a estudiantes inmigrantes que no pueden protegerlos. “La estrategia del gobierno está funcionando: los inmigrantes probablemente optarán por callar sobre causas que incomoden al presidente”, concluye la fuente.