Primero, perdieron su trabajo. Luego, tendrían que salir del país
De la redacción
El cambio anunciado por la administración federal para detener la emisión de las visas H-1B y H-2B, así como la expulsión de los trabajadores extranjeros con estas visas, que no sean recontratados tras haber sido suspendidos por la pandemia de coronavirus, “podría anular la vida de decenas de miles de trabajadores, incluidos los extranjeros graduados de universidades estadunidenses y muchos otros que han construido sus vidas en Estados Unidos”, reporta The New York Times.
La drástica medida tomaría lugar mientras dichos trabajadores inmigrantes esperan obtener la residencia legal, y hasta podrían enfrentar la deportación.
Es un hecho que el país necesita más que nunca la fuerza laboral inmigrante, “para recuperarse de las consecuencias económicas de la pandemia”, dice por otro lado The Wall Street Journal, citado por el Foro Nacional de Inmigración. También para preservar la cadena de suministro de alimentos, amenazada por el creciente número de brotes de contagio de coronavirus en el Estados Unidos rural; en las plantas procesadoras y empacadoras de carnes y alimentos, en los servicios de transporte,de distribución y venta de comida y otros productos necesarios para la vida diaria, etcétera.
Sin embargo, este tipo de restricción, junto con la orden ejecutiva de la administración Trump, “que detiene algunos tipos de ingresos de la migración durante al menos 60 días, podría ‘ahogar’ la oferta de trabajadores que como hemos dicho aquí, son esenciales para Estados Unidos. Es más, “Si son ‘esenciales’ no pueden ser ‘ilegales’”.
Es de todos sabido que la vida de decenas de miles de trabajadores extranjeros con las referidas visas se ha visto afectada por las consecuencias económicas de la crisis de Covid-19. Muchos con la vida H-1B, por ejemplo, han estado esperando durante varios años para obtener la residencia legal permanente a través de su empleador, y ahora se enfrentan a una potencial deportación.
Según estimaciones del Instituto de Política Económica, hay alrededor de 500 mil inmigrantes con visas H-1B en Estados Unidos. Más del 70% hindúes, principalmente trabajadores de tecnología. Otros 220 mil se matricularon en el programa universitario de capacitación práctica opcional, en el ciclo académico 2018-19, que permite a los estudiantes extranjeros trabajar después de completar sus estudios, dice la fuente. Y bueno, los trabajadores del campo, ni se diga, o los que atienen en los comercios, conducen los transportes, públicos y privados, también.
En tanto, estas estrictas reglas de trabajo se producen cuando el desempleo en Estados Unidos se disparó el mes pasado al 14.7 por ciento, el nivel más alto registrado en medio siglo. Y cuando Trump y los republicanos repiten el guion histórico de que los inmigrantes vienen a quitarles “sus” trabajos, y piden que los estadunidenses tengan prioridad para los empleos.
Pero a estas alturas de la pandemia es difícil ignorar u ocultar que son los inmigrantes, documentados y no, quienes “no sólo aumentan la oferta de mano de obra, sino también la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez requiere que las empresas contraten a más personas para satisfacer la mayor demanda”, sostiene la fuente.
También son quienes con sus contribuciones permiten que los trabajadores mantengan sus altos y medianos salarios –mientras trabajen-, y puedan quedarse en casa mientras pasa la etapa más letal de la pandemia. Además, con su trabajo y pago de impuestos salvarían incluso instituciones en peligro de extinción, como el Seguro Social, entre otras.
Sin embargo, quienes apoyan limitar la inmigración, mayormente supremacistas blancos incrustados en la Casa Blanca y el gobierno federal, dicen que si alguna vez hubo un momento para priorizar a los trabajadores estadunidenses, ese es ahora■