Políticas amigables con ICE. Una cadena de muertes en la cárcel. ¿Por qué este sheriff sigue siendo elegido?

Foto: http://www.jewworldorder.org

Por Larry Smith

The Appeal

Cuando Bárbara Doss fue a reclamar el cuerpo de su hijo en junio pasado, su rostro estaba cubierto de moretones. “El lado izquierdo de su cráneo roto, estaba sujeto con grapas para mantenerlo unido. Tenía múltiples laceraciones en los labios y más moretones en las mejillas”, dijo.

Su hijo, Dujuan Armstrong murió poco después de reportarse para servir el fin de semana en la cárcel de Santa Rita, en Dublín, California. Más de siete meses después, Doss todavía no sabía cómo murió su hijo, quién tuvo la culpa o quién, si alguien, sería responsable. Así que en enero viajó de Oakland a Sacramento para enfrentarse al alguacil del condado de Alameda, Greg Ahern, cuya oficina dirige Santa Rita y quien debería estar en la capital del estado para presidir una reunión de la Comisión de la Lotería.

“No tengo ninguna respuesta. Necesito respuestas”, suplicó Doss. “Necesito tranquilizarme”.

Su voz era segura pero desigual mientras luchaba contra las lágrimas. “Mi hijo tenía 23 años”, dijo a Ahern. “Dejó atrás a toda una familia y amigos. No sólo a su madre. A todos. Él tiene hijos, ¿me entiende?”.

La muerte de Armstrong no fue un incidente aislado en el Condado de Alameda. Tres días después de su deceso otro hombre murió solo en su celda de máxima seguridad. Según datos de la propia oficina del alguacil, 80 personas han muerto bajo la custodia de Ahern desde que asumió el cargo en 2007, un número que incluye 18 suicidios y 14 muertes declaradas accidentales. La mayoría de las muertes fueron naturales, señaló Ahern, y ha habido menos en los últimos años. Sin embargo, entre 2015 y 2018 el Condado de Alameda pagó 4 millones 600 mil dólares para resolver los juicios que surgieron de cinco muertes bajo custodia.

Doss exigió las pertenencias personales de su hijo y el informe de su autopsia. También pidió ver imágenes de la cámara corporal que, según los funcionarios, muestra a Armstrong actuando “agitado, agresivo y poco cooperativo”; y como dijeron, que estaba bajo la influencia de la cocaína, la marihuana, el alcohol y las píldoras recetadas, y que antes de ser sometido cayó al suelo y dejó de respirar. Quería también saber si los oficiales involucrados todavía mantenían su trabajo.

Ahern confirmó que los agentes aún estaban trabajando, pero dijo que no se podía divulgar ninguna otra información, citando una investigación en curso por parte del fiscal de distrito. (Un portavoz de la oficina del alguacil no quiso hacer más comentarios, pero le dijo a The Appeal que se compartiría más información cuando se complete la investigación).

Antes de que Ahern se alejara, Doss le hizo una pregunta diferente. Una que cada vez más personas en el condado de Alameda han estado preguntando sobre el sheriff, elegido recientemente para su cuarto mandato: “¿Por qué eres la única persona en la boleta electoral?” preguntó Doss. “Eso es todo lo que quiero saber.”

Greg Ahern se unió a la oficina del alguacil del Condado de Alameda en 1980, subiendo de rango hasta cuando su predecesor, el Sheriff Charlie Plummer anunció su retiro en 2006 y dio potestad a Ahern para dirigir la oficina. “Francamente, no me importa quién contienda contra Greg Ahern, porque perdería”, dijo Plummer en ese momento.

Durante los últimos 12 años Ahern ha supervisado una extensa agencia del Condado, que hoy cuenta con un presupuesto de 444 millones de dólares y mil oficiales de paz jurados que brindan seguridad judicial, patrullan las áreas no incorporadas del Condado y operan las dos cárceles, incluida Santa Rita, la quinta cárcel más grande del país.

De mandíbula cuadrada y voz ronca, Ahern es el estereotípico hombre de leyes de Estados Unidos –un policía de policías-, como dijo el presidente de la Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado después de la primera elección de Ahern. Con un historial de políticas conservadoras y una agresiva aplicación de la ley, ha sido líder de la Asociación de Alguaciles del Estado de California (CSSA), un poderoso lobby que se ha opuesto a la reforma del sistema de justicia penal y a las protecciones legales para los inmigrantes indocumentados. Ahern se desempeñó como presidente de CSSA en 2013 y ha sido también presidente del Comité de Acción Política de CSSA desde 2010. En 2016 respaldó al entonces senador, Jeff Sessions, para Fiscal General de EE. UU, lo que fomentó el sentimiento entre los activistas locales de que Ahern es antinmigrante y cómplice de la agenda de la administración Trump para deportar a más personas, de las cárceles del condado.

Ahern parece no embonar en un condado diverso y de color azul profundo que alberga bastiones progresistas como Berkeley y Oakland. Los votantes del condado no sólo tienden a elegir a candidatos demócratas por enormes márgenes (Hillary Clinton ganó el 78 por ciento de los votos presidenciales en 2016), sino que apoyan directamente la reforma al sistema de justicia penal. El Condado aprobó de manera abrumadora recientes iniciativas de votación para suavizar la ley de “tres strikes y estás fuera”, de California, y para ampliar la elegibilidad a la libertad condicional de personas con condenas por delitos graves no violentos. El CSSA, por otro lado, se opuso a ambas reformas.

Esta desconexión no ha pasado desapercibida. El reverendo Michael McBride, quien como director de la Campaña Live Free aboga por la reforma al sistema de justicia penal en el Condado de Alameda, describe a Ahern como una “versión respetable del Joe Arpaio de Arizona”, el conocido alguacil del Condado de Maricopa, famoso por el desenfreno en la hostilidad racial y el abuso a los prisioneros. McBride dijo que es “un indiciamiento contra el electorado de esta región, que dice odiar a Donald Trump y sus políticas pero que contrata a un sheriff que trabajará con él y Jeff Sessions para operar la maquinaria de deportación de este país”. Las contradicciones de esta región “son demasiado difíciles de entender”.

McBride se encuentra entre un grupo de defensores locales, organizadores y líderes comunitarios que persiguen sistemáticamente a Ahern con sus esfuerzos de defensa. Ven a Ahern como un actor deshonesto que evade la responsabilidad significativa, tanto de los votantes como de otros funcionarios gubernamentales, especialmente de la Junta de Supervisores del Condado de Alameda. Han empujado a Ahern con protestas, manifestaciones y campañas. Han organizado audiencias y han hecho demandas en reuniones públicas. Han mantenido vigilias para aquellos como Dujuan Armstrong, que fueron a la cárcel y no volvieron a casa con vida.

Pero a través de cuatro ciclos electorales nunca ha habido un solo candidato dispuesto a desafiar a Ahern en las urnas. En 2018, Ahern se presentó sin oposición y ganó otro período de cuatro años con el 95.8% de los votos.

Las quejas contra Ahern y su oficina abarcan toda la gama de conductas indebidas de la ley: maltrato de prisioneros, fuerza excesiva, atención médica inadecuada, condiciones de cárcel escuálidas, prácticas antinmigrantes y un escándalo aún en desarrollo en el que un oficial fue capturado en un video admitiendo haber escuchado ilegalmente conversaciones grabadas entre jóvenes detenidos y sus abogados. Entre 2015 y 2018, 41 demandas de derechos civiles en contra de la oficina le costaron al Condado de Alameda 15 millones 500 mil dólares en acuerdos extrajudiciales y sentencias, la cantidad más alta incurrida por cualquier agencia de cumplimiento de la ley del área de La Bahía durante ese tiempo, según el East Bay Express.

Las denuncias en algunos juicios recientes retratan un sistema de cárcel que castiga a los presos que necesitan atención médica en lugar de tratar de ayudarlos. Presos con enfermedades mentales que dicen se les negó el tratamiento y que fueron encerrados en celdas aisladas. La muerte de un prisionero probó que fue golpeado hasta morir mientras sufría abstinencia de alcohol. Según informes, hubo mujeres que fueron presionadas para abortar, y una mujer fue obligada a dar a luz en el frío suelo de cemento de una celda de aislamiento en Santa Rita. (Un portavoz del alguacil reconoció en una conferencia de prensa: “Ese incidente realmente ocurrió”).

En 2015, Mario Martínez, de 24 años, murió en Santa Rita durante un ataque de asma. Martínez había obtenido dos órdenes judiciales para tratar pólipos nasales que obstruían su respiración, seguidas de otras órdenes para demostrar el motivo por el cual no se le proporcionó tratamiento. Sobre su muerte, la investigación de una estación de televisión local reveló que el proveedor de atención médica privada a la correccional del condado en ese momento, Corizon Health, había obtenido tres renovaciones sin licitación de su contrato del Condado, y también donó 110 mil dólares a la campaña de Ahern. La junta de supervisores aprobó las renovaciones sin licitación a solicitud escrita del Sheriff Ahern. En un correo electrónico, Ahern dijo a The Appeal que “las contribuciones de Corizon fueron para un torneo de golf que fue para una acción de caridad y que no fue un conflicto de intereses”.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de abuso y negligencia, Ahern negó que las condiciones de la cárcel en el Condado de Alameda sean inadecuadas o que las muertes en la cárcel se tomen a la ligera. Él refutó específicamente los informes de que a los presos con enfermedades mentales se les negó el tratamiento y en un correo electrónico dijo: “Nunca hemos presionado a los presos para que aborten”. Con respecto a la mujer que dio a luz en su celda, Ahern dijo que no podía comentar pero que su oficina negó que hubiera cometido cualquier delito. Enfatizó que su población de presos consiste en individuos de “alto riesgo” que tienen problemas médicos graves y “problemas con el abuso de sustancias cuando llegan a nuestra custodia”.

En el pasado, sin embargo, ha desacreditado y cuestionado los motivos de los presos que presentaron demandas: “¿Se refiere a las personas que están bajo custodia por asesinato, violación y robo?”, dijo Ahern en noviembre de 2018, “¿y que han mentido por completo durante toda su vida? Tratamos con personas que no siempre dicen la verdad. Por eso a esto se le llama cárcel… la gente está tratando de obtener ganancias financieras en cosas que no creemos que sean ciertas”.

Sin embargo, más que cualquier otro tema el historial de Ahern sobre los derechos de los inmigrantes ha incitado a la oposición. Ahern “se ha opuesto continuamente a las protecciones para los inmigrantes indocumentados”, dijo Yadira Sánchez, organizadora de la Alianza de Justicia para Jóvenes Inmigrantes de California. Ella lo culpa por lo que llama “la criminalización de los inmigrantes indocumentados en el Condado de Alameda”.

En 2008 la campaña de Ahern donó mil dólares para apoyar la Proposición 6, una iniciativa de votación en California que, entre otras cosas, habría prohibido liberar a inmigrantes indocumentados bajo fianza o su propia responsabilidad antes del juicio si fueran acusados ​​de un delito violento. El 73% de los votantes del Condado de Alameda rechazó la medida fallida.

Ahern y la CSSA también han combatido las leyes estatales de santuario, que prohíben a las autoridades locales cooperar con los funcionarios federales de Inmigración (ICE). Durante años, incluso mientras Ahern fue presidente de CSSA y ayudó a bloquear la Ley de Confianza de California (Trust Act), antes de que esta se firmara a fines de 2013. Esa ley prohíbe a los alguaciles detener a inmigrantes indocumentados a solicitud de ICE.

CSSA también se opuso al Proyecto de Ley 54 del Senado (SB 54), una legislación firmada en 2017 que prohíbe a los funcionarios de la cárcel proporcionar información a ICE sobre la fecha de liberación de una persona presa. Antes de la SB 54, la política de Ahern era proporcionar información sobre la fecha de salida, a pedido de ICE, y permitir a los agentes compartir dicha información incluso cuando no se solicitara específicamente. En noviembre de 2017, el Fiscal General Jeff Sessions anunció una subvención de 1 millón de dólares a la oficina de Ahern, bajo un programa federal que da prioridad a las agencias del orden público que cooperan con ICE.

En el último año defensores de los derechos de los inmigrantes han acusado a Ahern de crear una “laguna” legal en la SB 54, con una nueva política para publicar las fechas de liberación de todos los presos en el sitio web del “localizador de presos” de la oficina, al tiempo que permite a ICE ejecutar arrestos en lugares no públicos de algunas partes de la cárcel. Sánchez dijo el año pasado que esta política es “una indicación más de que el Sheriff Ahern y su departamento continúan apoyándose con la administración de Trump… y aprovechando el momento para colaborar con ICE”.

Ahern ha dicho que la nueva política es en aras de la transparencia y que no está relacionada con la aplicación de la Ley de Inmigración. “La Oficina del Sheriff del Condado de Alameda no hace cumplir la ley de Inmigración”, dijo a The Appeal. “Cumplimos con las leyes estatales que pertenecen a personas indocumentadas”, y “tenemos una revisión de cumplimiento de la SB 54 que monitorea de cerca todos y cada uno de los contactos con ICE para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la ley y que estamos protegiendo los derechos de quienes están bajo nuestra custodia”.

En 2017 las frustraciones sobre estos y otros temas provocaron esfuerzos paralelos para forzar el cambio en la oficina del alguacil. Por un lado, una campaña muy pública y en curso para auditar el creciente presupuesto del alguacil; por el otro, un esfuerzo tras bambalinas para eliminar a Ahern de la oficina por completo.

En noviembre de 2017, el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos y la Coalición de Reinversión de Justicia del Condado de Alameda lanzaron la campaña #AuditAhern, pidiéndole a la Junta de Supervisores del Condado que realizara una auditoría financiera enfocada por completo en el presupuesto y las prácticas del alguacil. El grupo cuestionaba por qué el presupuesto del Sheriff se ha incrementado en 146 millones de dólares en los últimos 10 años, a pesar de las significativas caídas en el tamaño de la población de la cárcel; y culpaba a la Junta de Supervisores por la falta de supervisión.

“Tenemos una rica historia en Oakland de defender los derechos civiles y humanos, pero tenemos un Departamento del Sheriff que no es coherente con eso, que desestima a la humanidad”, dijo José Bernal, un organizador y defensor del Centro Ella Baker. Bernal afirma que la auditoría es el primer paso hacia la reinversión de los dólares que actualmente controla Ahern en la comunidad.

Sánchez, de California Immigrant Youth Justice Alliance está de acuerdo: “Tenemos una crisis de vivienda. Sabemos que el tratamiento de salud mental no es accesible para las comunidades indocumentadas y es muy necesario”, dijo. “Si pudiéramos usar los millones [de Ahern] para las alternativas comunitarias a la vigilancia policial y el encarcelamiento, eso aliviaría muchas de las luchas diarias que dan las personas indocumentadas”.

El alguacil Ahern dijo a The Appeal que existen varias razones para el aumento del presupuesto, incluido el aumento de personal y las compensaciones; el aumento de los “costos de hacer negocios”, y más presos que necesitan “manejo especial”.

En octubre, activistas marcharon con 34 bolsas de cadáveres, una por cada muerte bajo custodia en los últimos cinco años, desde la cárcel de Glenn Dyer, en el condado, hasta el edificio de administración del condado. Foto: Cortesía de Ella Baker Center.

Bernal y otros mantuvieron una presión sostenida en la Junta de supervisores, escribieron artículos de opinión como este que este reportero ayudó a investigar; organizó comentarios públicos en la Junta y organizó acciones de alto perfil, como marchar con 34 bolsas de cadáveres –muertes bajo custodia en los últimos cinco años-, una para cada participante, desde la cárcel de Glenn Dyer en el condado hasta el edificio de la administración del Condado. Pero mientras que el Consejo de la Ciudad de Berkeley apoya las llamadas para auditar al Sheriff Ahern, la Junta de Supervisores del Condado aún tiene que estar de acuerdo.

“En este momento hay una falta de voluntad política por parte de los supervisores”, dijo Bernal. (Los supervisores del Condado rechazaron o no respondieron a varias solicitudes de comentarios).

Para cuando #AuditAhern se convirtió en un hashtag unificador entre los progresistas del condado, el esfuerzo más serio hasta el momento de reclutar un candidato para la elección estaba en marcha para la primaria de junio de 2018.

A principios de 2017, Nayeli Maxson acababa de ser elegida directora política de los jóvenes demócratas de East Bay, y las políticas de santuario para las ciudades del área de La Bahía eran un tema frecuente en las reuniones políticas. “Una parte que siguió apareciendo es, bueno, Ahern no es el tipo de líder que esperas o quieres ver en esta fortaleza progresista”, recordó Maxson. “Muchos de nosotros seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué sigue aquí y por qué sigue contendiendo sin oposición?”

Trabajando en su capacidad personal Maxson comenzó a construir una red de personas de ideas afines, basándose en el grupo de defensores que han estado en los talones de Ahern durante años. Con una página de Facebook y un servidor de listas de correo electrónico nació la Coalición del Condado de Alameda para un Nuevo Sheriff en la ciudad. Un comité de investigación determinó los requisitos legales a seguir, y el grupo comenzó a elaborar una lista de nombres. La Reverenda Damita Davis-Howard, de Oakland Rising Action lo calificó como “el primer esfuerzo real que realmente supera a la gente que habla filosóficamente sobre la búsqueda de otros candidatos”.

Pero el grupo rápidamente se engancha. La primera fue la ley de elegibilidad de California. Los candidatos a Sheriff deben tener un certificado avanzado de la Comisión de Normas y Capacitación para Oficiales de la Paz, del estado, o una cierta combinación de educación y experiencia en el cumplimiento de la ley. La ley, promulgada en 1988, fue diseñada por un subcomité de la Asociación de Sheriffs del Estado de California. Antes de eso, el único requisito era que un candidato estuviera registrado para votar en el condado.

Este requisito de elegibilidad, según la coalición, crea dos barreras para un sheriff más progresista. Lo más obvio es que los candidatos deben provenir de un campo tradicionalmente conservador en el que muchas comunidades que buscan la reforma se hayan en desconfianza. “¿Cómo podemos encontrar candidatos que reflejen nuestros valores?”, dijo el Reverendo McBride. “A pesar de que somos considerados progresistas, el grupo de posibles candidatos se reduce considerablemente porque se entiende que la posición es dura contra el crimen, es anti-negra y está diseñada para mantener el sistema intacto y no para ser transformador”.

También significa que los posibles candidatos son vulnerables a las represalias de los líderes de la ley, poniendo en peligro su futuro profesional. “La gente diría: ‘Quiero tener una carrera por delante’”, afirmó Maxson, sobre los candidatos prometedores que rechazaron.

En total, el grupo de Maxson identificó a unos 10 candidatos elegibles. Una en particular, Sheryl Boykins, una mujer afroestadunidense que en ese entonces era jefa de la policía local de la universidad, expresó interés. Después de cuatro o cinco reuniones, ella le dio permiso a Maxson para comenzar a circular su nombre como una candidata potencial. “Oh, Dios mío, en realidad tenemos una candidata y ella es increíble”, pensó Maxson.

Pero la campaña de aspirantes terminó antes de que comenzara. Antes de la fecha límite para la presentación de candidatos, Boykins se negó a embarcarse en una costosa campaña en todo el condado contra el titular establecido y bien conectado. (En enero de 2018, la campaña de Ahern reportó más de 245 mil dólares en efectivo, a la mano). En vez, ella se jubiló, según la universidad. Boykins se negó a responder preguntas sobre su decisión.

Nicole Boucher, California Donor Table.

Nicole Boucher es directora ejecutiva adjunta de California Donor Table, una comunidad de donantes políticos que invierten en la elección de personas que representan los valores y las necesidades de las comunidades de color. Ella señaló las reformas estructurales necesarias para llevar a cabo una seria campaña de retadores en California, en particular, invirtiendo antes en las operaciones de campo locales, a menudo descuidadas a favor de la publicidad. En este momento, dijo, “les está pidiendo a las personas que pongan en riesgo sus carreras por algo que tal vez no tengamos la infraestructura para apoyarlos para que tengan éxito”.

McBride estuvo de acuerdo. “Cualquiera que ponga su sombrero en el ring lo haría solo y dependiendo de sus propias redes. Se convierte en una cruz tan pesada, y eso se ha convertido en un desafío para nosotros”, sostuvo.

Dujuan Armstrong fue sentenciado a servir nueve fines de semana en Santa Rita. No sobrevivió al tercero y los defensores quieren saber por qué.

Su muerte se ha convertido en un punto de reunión de la campaña del Centro Ella Baker para auditar a Ahern, que encapsula lo que los activistas ven como la indiferencia hacia la vida humana y la falta de transparencia, que han definido la permanencia de Ahern como sheriff y la renuencia de la Junta de Supervisores a tomar medidas.

El Reverendo Davis-Howard, de Oakland Rising Action, dice que los defensores continuarán trabajando para hacer que el Condado de Alameda sea parte de una creciente tendencia nacional para elegir sheriffs más progresistas, o al menos romper la tradición del condado sobre las candidaturas no disputadas. “Vamos a ser intencionales en los próximos cuatro años para identificar a alguien que esté interesado en competir contra él”, dijo. “En el Condado de Alameda, la gente piensa que una vez que son elegidos es un nombramiento de por vida”.

Para Bernal, el organizador del Centro Ella Baker, el cambio está atrasado. “Hay una larga historia en este país de sheriffs locales que suprimen los derechos civiles; desde Bull Connor hasta Joe Arpaio y el Sheriff Ahern. Y si no podemos responsabilizar al sheriff aquí, en Oakland, en el progresista condado de Alameda… —Su voz se apagó, exasperada■