Política migratoria: carga humanitaria y económica

Mientras Donald Trump pone trabas a algunos solicitantes de residencia permanente reactivando la regla de carga pública, al mismo tiempo rechaza las contribuciones que hacen inmigrantes autorizados y no autorizados a través del pago de todo tiempo de impuestos, y su maquinaria de detenciones y deportaciones reduce la mano de obra y encarece los precios de productos y servicios.

Como parte de su cruzada antinmigrante, el presidente quiere otorgar a funcionarios de inmigración más poderes para determinar si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en carga pública.

La regla entra en vigor el viernes 18 de septiembre y aplica a quienes solicitan la tarjeta de residencia a través de un familiar, o a residentes permanentes que han salido de Estados Unidos por más de seis meses y quieren reingresar. 

Pero son residentes legales que tienen derecho a ciertos tipos de asistencia pública basadas en ingresos que dejarían de solicitar por temor a afectar su petición de residencia permanente.

De hecho, una coalición de estados y ciudades liderados por demócratas demandó al gobierno federal para impugnar la regla.

“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes”, reportó la agencia noticiosa Associated Press.

De hecho, grupos pro inmigrantes denuncian que la norma afectará especialmente a familias de situación migratoria mixta donde un padre o una madre pueden perder su oportunidad de obtener la residencia permanente porque su hijo ciudadano obtuvo algún tipo de asistencia pública ya sea cobertura médica, o almuerzos escolares.

Es otro ejemplo de una política cruel que busca, sin la intervención del Congreso, ampliar los poderes discrecionales de funcionarios de inmigración para determinar quién será o no una carga pública.

Y es parte de su asalto a los inmigrantes por todos los flancos, que tiene como objetivo lograr que la mayor cantidad de ellos opten por autodeportarse.

Pero como hemos señalado ampliamente en este espacio, los operativos migratorios del gobierno de Trump no solamente son crueles e inhumanos por la separación de familias y por su violencia. También tienen un efecto negativo sobre la economía, no sólo de las familias afectadas sino de las comunidades, pueblos, ciudades y estados donde viven esas familias. Y en consecuencia afectan la economía a nivel nacional.

Una familia que pierde a un padre o una madre o a ambos por una detención o deportación ya no tiene los recursos para cubrir sus necesidades básicas; pero se trata de una cadena, pues dejan de pagar hipotecas, servicios de agua, luz o gas, dejan de acudir a los supermercados, a las tiendas, y dejan de pagar impuestos sobre ventas y sobre ingresos.

La semana pasada, el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) dio a conocer un estudio que encontró, que el operativo migratorio ‘Midway Blitz’ provocó que latinos e inmigrantes de Chicago y de otras ciudades de Illinois se quedaran en casa y eso provocó una pérdida de mil 260 millones de dólares en actividad económica en el condado de Cook en el lapso de un año.

Asimismo, los gobiernos locales dejaron de recibir 107 millones de dólares en impuestos en el mismo periodo.

“Los latinos son trabajadores, consumidores, propietarios de viviendas, propietarios de negocios y contribuyentes”, declaró uno de los autores del estudio, José Miguel Acosta Córdova, investigador asociado del Instituto de Investigación sobre Raza y Políticas Públicas de la UIC, reportó la Agencia EFE.

“Cuando se interrumpe la movilidad cotidiana de las comunidades latinas e inmigrantes, esas consecuencias se extienden más allá de los límites de nuestros vecindarios y afectan a la economía en general”, agregó. Es que los efectos económicos fueron más allá de Pilsen o de La Villita, los barrios tradicionalmente mexicanos en Chicago.

A nivel nacional, los operativos reducen la fuerza laboral en sectores económicos cruciales, lo cual sube los precios de bienes y servicios. El reciente reporte de America’s Voice, End the ICE Tax concluyó, de hecho, que “los precios están subiendo más rápidamente en las categorías que más dependen de la mano de obra inmigrante”.

Algo que sin duda los votantes están sintiendo de cara a las elecciones de medio término, aunque Trump parezca ajeno a la realidad reviviendo reglas de carga pública cuando la única carga evidente es la que su política migratoria está teniendo a nivel humanitario y económico.

Maribel Hastings

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