Poco detalles de la nueva Regla de Carga Pública, que aún provoca temor

Marco Vinicio González

La administración Trump infringió daños de corto y largo aliento a los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo la regla de Carga Pública, hace que los inmigrantes rechacen solicitar cualquier beneficios social que por ley les pertenece y merecen por su arduo y permanente trabajo, por temor a ser señalados como personas insolventes que el Estado considera una “carga pública”.

Movido por la fuerte presión del liderazgo latino la administración Biden transformó recientemente dicha política del pasado, con una regla que garantiza ahora el acceso de las familias inmigrantes a casi todos los beneficios sociales. Sin embargo no logra disipar del todo el temor a ser considerado como carga pública, sobre todo aquellos inmigrantes que aspiran a la ciudadanía o a cualquier ajuste de estatus.

La regla final, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre garantiza el acceso de las familias inmigrantes a la de atención médica. De hecho, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas “señaló que las personas no van a ser penalizadas por optar acceder a beneficios de salud y otros servicios sociales”, declaró Chelis López, en el programa de Línea Abierta que conduce.

Jeanette Vizguerra, organizadora de la coalición pro santuario en Denver, Colorado, explicó ampliamente a López los temores e incertidumbres que mantienes alejados a los inmigrantes indocumentados de la ayuda que por ley les pertenece. Y todo a causa del temor, que al parecer resulta más difícil de eliminar que la transformación de una ley.

“A nivel nacional hay que hablar de las contras de utilizar papeles falsos que te llevan a procesos muy largos, engorrosos, costosos y penales”, dijo la activista, quién afirmó sentirse muy molesta ante la proximidad de las elecciones porque, “sabiendo que el presidente Biden nunca ha cumplido las promesas que hizo acerca de que en los primeros 100 días tendría una reforma migratoria, seguimos con esos juegos políticos”.

La mujer señaló también que sin distinción del partido al que pertenezcan, “yo estoy a favor de aquello políticos, sin importar el partido, que realmente hagan cambios para nuestra comunidad inmigrante…. Como el seguro médico en Clorado para las personas indocumentadas”.

Y es que muchos inmigrantes indocumentados utilizan estos ‘papeles chuecos’ para conseguir trabajo, porque muchas veces no hay otro camino, aclara López:

–¿Cómo esa molestia que te habita, Jeannette, se puede convertir en acción o en un voto el 8 de noviembre?

“Cuando el gobierno trataba como de ‘ponernos el dedo’ diciendo ‘son criminales’ por solicitar documentos falsos, mi respuesta es: primero, el gobierno sabe que los utilizamos, pero el IRS nos proporciona un número para declarar impuestos”, dijo Vizguerra.

Según ella , el IRS (Servicio de Rentas Internas) les dice a los inmigrantes indocumentados: “‘Mira, cualquier número de seguro social que uses para trabajar, si en un futuro tú arreglas tu situación migratoria nos llamas, para agregarte todas esas contribuciones a tu número’. Simplemente a veces les gusta utilizar esa doble moral para de decir que somos criminales por eso, pero al mismo tiempo sí quieren nuestros impuestos”.

Y señaló a todos aquellos que a pesar de pagar sus impuestos, aunque sea con in ITIN, no reciben el rembolso que recibe todos los contribuyentes que cumplen con el fisco.

Agrega que en la actualidad no hay una guía para conocer los cambios a la regla pública que hizo el gobierno de Biden, al que critica de que “no está haciendo nada para legalizar a los 11 millones de inmigrantes que llevan décadas y décadas viviendo en este país; haciendo lo mismo que los americanos, pagando impuestos aún con documentos falsos.

Porque con el ITIN number (Individual Taxpayer Identification Number), que es específicamente para declarar impuestos… Están pagando sus impuestos en todo lo que compran, lo que están consumiendo… esa es la retórica que yo señalo del gobierno”.

“¿Dónde están todos esos millones y millones de dólares que reciben de nuestra gente?”, preguntó la activista, quien afirmó que se debe seguir empujando al Congreso. “Porque no sólo es el presidente Biden, es el Congreso en sí, que tiene la culpa con sus juegos políticos de no llegar a un acuerdo bipartidista y legalizar a la gente que ya lleva muchísimos años aquí, y es la parte donde queremos quitar la Fecha de Registro, para evitar que sólo una porción de gente califique”.

La Ley de Registro es una sección de la Ley de Inmigración que le permite solicitar la Residencia Permanente a ciertos individuos que han estado presentes físicamente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972. Es decir, que está aquí esperando su ajuste desde hace medio siglo.

Pero la nueva regla cambiada por el gobierno de Biden establece como requisito para solicitar la residencia permanente, entre otras cosas, teniendo 7 años en el país a la hora de solicitar el ajuste de estatus.

Dicho proyecto será presentado hoy miércoles en una conferencia de prensa donde estarán presentes los autores del proyecto: los representantes demócratas de California, Zoe Lofgren, Norma Torres, Lou Correa, y Jesús “Chuy” García, de Ilinois, así como Grace Meng y Adriano Espaillat de Nueva York■