Policías de base militar ayudan a arrestar inmigrantes

Más de una docena de inmigrantes han sido arrestados por ICE con la ayuda de policías de una base militar al sur de San Francisco, California. Expertos advierten que esta colaboración podría estar violando una ley federal que limita el uso de fuerzas militares en asuntos nacionales. Jackie Botts habló con uno de los deportados y su hija mayor. ¿En qué situación queda la familia? ¿Cómo responden las autoridades ante los cuestionamientos? La version inicial de esta historia apareció en el periódico inglés The Guardian.

Esto es una transcripción/edición del audio…

Un viernes de enero, Francisco Galicia salió del trabajo y fue a pescar en un lago en el condado de Monterey, a tres horas al sur de San Francisco.

Al anochecer, tomó una carretera rural hacia su casa en el poblado de Greenfield, donde lo esperaban sus cinco hijas. Sabía que la vía bordeaba la vasta base militar Fort Hunter Liggett, pero nunca imaginó que ahí caería en una emboscada migratoria.

Un policía de la base lo detuvo. Le dijo que la luz de su placa trasera no servía, pero además le pidió su número de seguro social. Espantado, Francisco confesó que no tenía. Minutos después llegaron varios agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

En un video que Francisco grabó, se escucha la voz de uno de ellos:

–Fue una infracción de tráfico, dice el agente.

–¡Es una luz!, responde Francisco.

–Ok, pero es una infracción, señor. Este es parte del gobierno, este es del ejército, contestó el agente.

El agente luego dice que el policía de la base llamó a ICE por la identificación que presentó Francisco. California es uno de los estados donde inmigrantes indocumentados pueden obtener licencias de conducir, pero están impresas con un aviso de que no son para uso federal.

Francisco pasó la noche en una celda fría de la base militar junto a otros seis pescadores arrestados en el mismo tramo carretero con una treta similar.

“Sí, un momento nos reímos de nuestra suerte. Ir a pescar, salimos pescados… De los siete, éramos 5 que teníamos niños chiquitos”

A los pocos días, deportaron a Francisco. Así terminaron con dos décadas de vida en Estados Unidos, país al que llegó cuando tenía 16 años con la meta de mejorar la vida de sus padres, campesinos indígenas mixtecos.

“Pues yo les mandaba prácticamente a mis papás cada mes seis mil, siete mil pesos, para que ellos se ayudaran; pues compraran comida para la semana o para que mi papá sembrara”

En California, Francisco se juntó y tuvieron 5 hijas, la mayor de 15 y la menor de tres. Trabajador agrícola, Francisco fue el sostén de su familia en ambos países. Su deportación aniquiló esa estabilidad, lamenta su hija mayor.

“Era él quien ponía la comida en la mesa; era él, que ponía un techo arriba de nuestras cabezas…. Falta ese amor de mi papá, para que la familia sea completa”

De regreso en su natal estado de Guerrero, México, Francisco está construyendo una casa. Espera terminarla antes del fin del año escolar.

“Cuando mis hijas salgan de la escuela, el plan es… reunirnos aquí todos y empezar una nueva vida aquí“

Y le preocupa cómo impactará el drástico cambio a su hija mayor.

“Mi idea es esa, que mi hija siga estudiando en línea porque aquí se le va a hacer muy complicado…. Mi hija no sabe leer en español“

Ella dice que extraña mucho a su papá.

“Mi papá es un trabajador fuerte. Mi papá siempre le echa ganas a todo… Es el mejor papá del mundo”

Soñaba unirse al ejército estadunidense, con la esperanza de apoyar económicamente a Francisco y su esposa.

“Quiero dar una vida mejor a mis papás”

Francisco y su familia siguen atormentados tras descubrir que los arrestos en la base militar no debieron suceder.

Expertos legales consideran que la colaboración entre los policías de la base y ICE violaría la Ley Posse Comitatus, una ley que durante casi un siglo y medio limita el uso de las fuerzas armadas en asuntos civiles en suelo nacional.

“Se está violando el espíritu de la ley cuando el Ejército presta su poder para labores policiales civiles“, dice William Banks, profesor emérito de leyes de la Universidad de Syracuse.

Hace un mes, mediante una carta, dos congresistas de California exigieron respuestas al gobierno federal.

La representante Zoe Lofgren, cuyo distrito incluye Greenfield y Fort Hunter Liggett, dice que no recibieron respuesta, aunque al parecer suspendieron los arrestos, lo cual ella considera,

“una pequeña victoria”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que ICE detuvo a 14 personas con la colaboración de los policías de Fort Hunter Liggett, pero tanto DHS como el Ejército no respondieron a cuestionamientos sobre su legalidad.

Francisco tiene la esperanza de que algún día la justicia determine que su arresto fue ilegal, y pueda regresar a California. Pero le falta dinero para un abogado y duda que pueda ganar mientras esté Donald Trump en el poder. Mientras esperaba el vuelo de regreso a Guerrero, Francisco compartió en TikTok esta advertencia.

“Busquen otra área de pesca pero no usen las áreas que son del militar… que están cooperando al 100 por ciento con Inmigración… Y voy para mi hermoso Guerrero. Saludos, raza…”

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, Jackie Botts.

 

Este reportaje fue posible, en parte, gracias a una subvención en memoria de la vida y legado de  David Burnham, un galardonado periodista que dedicó su carrera a exigir rendición de cuentas al gobierno. En 1989  co-fundo el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). https://tracreports.org/