Nuevo México, obstaculiza política antinmigrante

El gobierno federal escaló su confrontación contra las llamadas políticas santuario al demandar al estado de Nuevo México (NM) y a la ciudad de Albuquerque por la Immigrants Saffety Act (HB9) que, según la Casa Blanca, “obstruye” la colaboración local con ICE. Pero organizaciones de defensa de los inmigrantes sostienen que el estado tiene derecho a decidir cómo utiliza sus recursos y hasta dónde coopera con autoridades federales.

En entrevista con Línea Abierta, Víctor Romero Hernández, coordinador de políticas y coaliciones del New Mexico Immigrant Law Center, explicó que la HB9 prohíbe acuerdos entre policías locales y ICE para detenciones migratorias, además de impedir contratos con empresas privadas para operar centros de detención, que es uno de los rubros de la agenda del presidente Trump. “Sabemos que los estados tienen todo el derecho de decidir en qué se utilizan los recursos”, afirmó. Y señaló que el gobierno federal busca suspender las nuevas protecciones porque dificultan las operaciones migratorias. “Lo que quieren es que se suspendan estas leyes, estas protecciones, porque verdaderamente protegen a nuestra comunidad”, dijo.

Para los defensores de inmigrantes, el fondo del conflicto también tiene que ver con las condiciones en los centros de detención. El activista aseguró que Nuevo México intenta evitar convertirse en cómplice de un sistema que mantiene a los detenidos en condiciones “deplorables”.

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 La demanda contra Nuevo México también está siendo observada de cerca por otros estados y ciudades con políticas similares. Mientras el gobierno federal insiste en que las nuevas leyes obstaculizan el trabajo de ICE, organizaciones comunitarias advierten que el clima de tensión ya afecta a familias dentro y fuera de Albuquerque.

Romero explicó también que la ofensiva legal ha aumentado la confusión y el miedo en comunidades que viven bajo presión constante. “Los ataques son todavía más fuertes y más persistentes”, comentó, al señalar que muchas personas no saben cómo interpretar procesos legales complejos mientras continúan trabajando, llevan a sus hijos a la escuela o asisten a citas médicas. Pese a ello, las organizaciones locales confían en la solidez jurídica de las nuevas medidas. “Sabemos que estas leyes son constitucionales”, afirmó.

El coordinador de políticas y coaliciones pidió a las comunidades mantenerse informadas y no aislarse frente al miedo. “No podemos limitar lo que el gobierno federal hace, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante estos ataques y cómo defendemos a nuestras comunidades”, concluyó.

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