Nubarrones empañan horizonte de la Ley del Campo

Trabajadores agrícolas que laboran en una de las regiones agrícolas más grandes del país, ahora podrán votar por su sindicalización sin temor, fuera de sus sitios de trabajo, pero llevan años esperando sin éxito una reforma migratoria. Foto: Heidi de Marco / KHN.
A poco más de un mes de que el Congreso de Estados Unidos aprobara, y el expresidente Joe Biden promulgara la Resolución Continua que mantuvo abierto al gobierno federal e incluyó una extensión sólo hasta septiembre de la Ley del Campo, empezaron a aparecer las primeras nubes en el horizonte.
En diciembre, los legisladores lograron insertar en la Resolución Continua 20,700 millones de dólares en ayuda para desastres naturales y 10,000 millones de dólares en ayuda económica.
Pero eso quiso decir que no fue posible aprobar lo que desean los productores del campo: una nueva Ley del Campo de cinco años de duración con fondos para los llamados programas “huérfanos”, así como más fondos para compensar a los agricultores afectados por el cambio climático.
Organizaciones nacionales que representan a agricultores, ganaderos y granjeros reanudaron por ello sus acciones de cabildeo para lograr la renovación por los cinco años con reformas para confrontar las deficiencias de la ley actual en relación con la cobertura a cultivos no tradicionales y para mitigar los efectos del calentamiento global.
Sin embargo, los legisladores advirtieron que el camino hacia un nuevo proyecto de ley agrícola encontró una piedra en el camino: el plan de Reconciliación Presupuestaria de Donald Trump.
Los republicanos que desean reducir el déficit del gobierno federal tienen planes para incluir un posible recorte de 300,000 millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que atiende a familias de bajos ingresos, 16% de las cuales son latinas.
Aunque los demócratas han dejado en claro que se oponen a las reducciones de SNAP, reconocen que los republicanos cuentan ahora con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y que en última instancia será posiblemente una decisión que se tome en la Casa Blanca.
El presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glen Thompson sostuvo que el proceso de reconciliación presupuestaria que va a avanzar es un tren y es difícil de detener. Señaló que aunque “la agricultura tendrá un lugar en la mesa… recibiremos instrucciones del Comité de Presupuesto. Estoy trabajando arduamente para asegurarme de que esas instrucciones funcionen para permitirnos continuar trabajando de manera cooperativa en el Comité de Agricultura para obtener un nuevo proyecto de ley agrícola”.
El Congreso enfrenta un plazo para levantar el techo de la deuda nacional en el mes de marzo, por lo que los legisladores creen que el futuro de la Ley del Campo dependerá del posible acuerdo entre republicanos y demócratas.
Una propuesta republicana que circula en el Congreso incluye el recorte de los 300,000 millones de dólares de SNAP como un mecanismo para financiar el recorte previsto de impuestos del segundo mandato de Trump.
Pero por el momento, la decisión más inminente de los agricultores es decidir antes del 15 de abril entre la Cobertura por Pérdida de Precios (PLC) y la Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC) para el apoyo del programa de productos básicos.
El Comité Agrícola de la Cámara de Representantes tiene propuesto celebrar su primera audiencia completa de la nueva legislatura en febrero, sin fecha precisa. El primer tema será el estado de la economía rural como parte del proceso para empezar las negociaciones de la versión quinquenal de La Ley de Campo.
Tanto republicanos como demócratas coinciden en la necesidad de contar con mejores programas de red de seguridad, la ampliación del programa de acceso al mercado para el desarrollo del mercado.
Los líderes de granjeros latinos buscan apoyo para 39 programas “huérfanos” que no están financiados por leyes específicas, así como ayuda económica a pequeños granjeros latinos y negros, y recursos para productores afectados por el cambio climático.
También están preocupados de que la política de deportaciones profundice el problema de la escasez de mano de obra en granjas, así como de que eso derive en un incremento de frutas y vegetales frescos en los próximos meses.