No es sólo la migración, sino las libertades civiles

Los arrestos llevados a cabo por las autoridades de Inmigración exceden el ámbito migratorio e impactan directamente en las libertades civiles. Los más recientes, que han ocupado los titulares de los medios de comunicación, son arrestos selectivos con el claro objetivo de amedrentar no sólo a la comunidad inmigrante.

Ejemplo de ello son los casos de Mahmoud Khalil, estudiante de Columbia y titular de una ‘tarjeta verde’, quien lideró protestas contra el genocidio israelí en Gaza; Badar Khan Suri, investigador hindú de la Universidad de Georgetown con visa académica; y Rasha Alawieh, nefróloga especialista en trasplantes de riñón que trabajaba como médica en la Universidad de Brown y en Brown Medicine, con una visa válida. Alawieh fue deportada.

Estos tres inmigrantes, al igual que la detención de la líder comunitaria en Colorado, Janette Vizguerra, veterana defensora de los derechos de los inmigrantes, tienen en común no sólo su condición de extranjeros, sino principalmente el hecho de ser voces críticas con el gobierno. La administración actual continúa arrestando y deportando a quienes disienten con sus políticas.

En el caso de la Dra. Alawieh, a pesar de que un juez federal emitió una orden para suspender temporalmente su deportación hasta que se celebrara una audiencia, fue expulsada al Líbano durante el fin de semana. Las autoridades argumentaron que los agentes de aduanas no recibieron la notificación de la orden a tiempo, lo que resultó en su deportación antes de que la orden pudiera ser implementada.

Este hecho recuerda el caso del juez James Boasberg, quien ordenó detener la deportación de casi 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador, a pesar de que muchos de ellos no tenían antecedentes penales. Trump había implementado esta medida invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Al desobedecer la orden del juez, el gobierno argumentó que los aviones ya estaban fuera de la jurisdicción estadunidense, lo que posteriormente se demostró que no era del todo cierto.

Mientras tanto, la comunidad médica y académica ha expresado su preocupación por estos incidentes. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadunidenses (CAIR) denunció que la deportación de Alawieh fue “ilícita” y que acciones como esta socavan el Estado de derecho, reforzando las sospechas de discriminación contra musulmanes y otras minorías. El caso de la doctora Alawieh ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, especialmente en lo que respecta a los profesionales con estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Por ello, expertos advierten a los ciudadanos estadunidenses sobre la necesidad de mantenerse alerta, pues consideran que estas políticas antinmigrantes afectan en realidad las libertades civiles de toda la población. Según ellos, el gobierno busca deportar a las voces más visibles y prominentes que defienden la Constitución.

Los arrestos de Khalil y Vizguerra, por ejemplo, han sido señalados como un ataque a la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en términos casi absolutos, incluso permitiendo la adopción de puntos de vista polémicos sin que ello implique sanciones penales. Sin embargo, la administración federal parece haber encontrado un punto vulnerable en la ley de la Primera Enmienda, argumentando que la Constitución protege la libertad de expresión, pero no necesariamente la de los no ciudadanos.

Por su parte, la Fiscal General de la administración Trump, Pam Bondi, busca que el caso del juez Boasberg llegue a la Corte Suprema, confiada en que el gobierno recibirá el respaldo de la mayoría conservadora en ese tribunal y que esta instancia reivindicará la Ley de Enemigos Extranjeros.

Finalmente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha declarado que el juez Boasberg “no tiene derecho a información de seguridad nacional” y espera que la Corte Suprema le dé la razón al negarle los documentos que solicitó al gobierno sobre los vuelos a El Salvador.

Nota pertinente:

Law in Mahmoud Khalil’s Case Was Once Struck Down — by Trump’s Sister

(Judge Maryanne Trump Barry ruled that the law invoked against Mr. Khalil violated the Constitution by giving unfettered discretion to the secretary of state).