Más dinero para ICE, menos justicia para inmigrantes

La Cámara de Representantes ya envió al Senado el controvertido proyecto de ley fiscal para 2025, impulsado por la administración Trump. Este “gran paquete” plantea recortes de impuestos, más gasto en defensa y seguridad fronteriza, y eleva el techo de la deuda en 4 billones de dólares (trillones en EE.UU.). Pero bajo la superficie, los más afectados serían los inmigrantes y los ciudadanos de bajos ingresos.

Uno de los puntos más criticados es que recorta beneficios para familias mixtas, con inmigrantes sin estatus legal. Y justo ahora, Trump le está pidiendo al Congreso 68 mil millones de dólares más para expandir los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, conocidos por mantener condiciones abusivas, negligencia médica y violaciones de derechos humanos.

A pesar de que muchos inmigrantes, latinos por ejemplo están siendo perseguidos por todo el país y deportados, es decir, separados de sus familias muchas veces, el caso de Mahmoud Khalil es otro claro ejemplo de lo que está haciendo la administración de Trump con ciertos inmigrantes. Khalil es un estudiante -sirio-palestino- de maestría en la Universidad de Columbia, que debió haber estado presente y recibir su diploma de graduación para celebrarlo con su esposa y su hijo recién nacido que viven en la ciudad de Nueva York. Pero en cambio, lleva más de 70 días encerrado en una cárcel para inmigrantes indocumentados de ICE en Luisiana, por hablar en defensa de los derechos de los palestinos. 

Y mientras eso pasa, GEO Group, la trasnacional gigante de las prisiones privadas, sigue llenando sus bolsillos. En 2024 reportó ingresos por 2 mil 420 millones de dólares, y firmaron un contrato de mil millones para operar por 15 años el centro de procesamiento de inmigrantes Delaney Hall en Nueva Jersey. Se espera que ese solo contrato le deje más de 60 millones de dólares al año.

Ya en 2022, GEO había ganado 2 mil 400 millones de dólares, y casi la mitad venía de contratos con ICE. Incluyendo el monitoreo electrónico de inmigrantes, que representó un 17 por ciento adicional de sus ingresos.

La ACLU advierte que los centros de ICE no sólo son abusivos, sino que ICE planea expandirlos aún más, justo cuando el Congreso podría aprobar más presupuesto. Casos como el de Rümeysa Öztürk, estudiante de Tufts, en Massachusetts también muestran el patrón: fue detenida por hablar, trasladada a Luisiana, sufrió ataques de asma sin atención médica, y fue ignorada. Pero el 9 de mayo un juez federal de Vermont ordenó su liberación.

“Mientras las corporaciones se enriquecen con nuestros impuestos, los inmigrantes enfrentan condiciones infrahumanas”, denunció ACLU. Y llamó a actuar: “Dígale al Congreso: Cierren el abusivo sistema de detención de ICE”.

Aun así, Trump insiste en que el Congreso apruebe rápido su propuesta, que ya llama “una gran victoria”. Pero los críticos advierten que esta reforma beneficia infinitamente más a los ricos, recorta Medicaid y la ayuda alimentaria, y agrega 3.1 billones a la deuda nacional.

Además, el presupuesto bautizado como “One Big Beautiful Bill”, aunque incluye cosas como no grabar las ganancias por propinas y conserva los créditos fiscales más altos por hijos, tiene trampa. Según The Guardian; porque  los beneficios para la clase media expiran en 2028, justo cuando terminaría un segundo mandato de Trump. Y los recortes de impuestos a los ricos y los recortes a la asistencia social sí se quedan. En palabras del editorial: “No es un presupuesto. Es un cebo y un interruptor que convierte la cautela fiscal en un castigo para los pobres. Los republicanos entienden que los déficits no son el problema. Lo que importa es lo que haces con ellos”.

Mientras tanto, los inmigrantes siguen sufriendo, y cada voto en el Senado decidirá si se financia aún más un sistema que, según sus críticos, luce más como negocio que como justicia.