Los Ángeles se defiende

Ante la ola de arrestos de inmigrantes indocumentados —y algunos con ‘papeles’—, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no han hecho más que intensificarseen Los Ángeles.

• El 24 de enero de 2025, ICE reportó 93 arrestos en el condado como parte de una operación regional que detuvo a casi 200 personas en seis condados.
  Luego, el 31 de enero, otro operativo dejó 161 arrestos en la ciudad.
• El 5 de junio, hubo otra redada grande: 239 personas detenidas por supuestas violaciones migratorias.
• Un día después, el 6 de junio, se reportaron 44 arrestos más, esta vez en tiendas y un depósito en distintas zonas de Los Ángeles.
• Hasta el 11 de junio, ya sumaban al menos 330 arrestos en el condado relacionados con esas redadas.

Pero las autoridades de Los Ángeles no se están quedando de brazos cruzados ante las acciones del gobierno federal. Están considerando presentar una demanda por la aplicación alegadamente  inconstitucional de la ley migratoria, según Los Angeles Times.

“La ciudad está dando los primeros pasos para demandar a la administración Trump y prohibir que agentes federales hagan detenciones y arrestos ilegales”.

Este posible litigio seguiría el camino de la demanda que ya presentó United Farm Workers (UFW), junto con cinco residentes del condado de Kern. El 26 de febrero, con ayuda de ACLU, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, a la Patrulla Fronteriza y a la Coorpación de Protección de Fonteras, CBP en una corte federal en California, buscando frenar arrestos sin seguir la Constitución ni las leyes migratorias. Es decir, el debido proceso.

Siete concejales de Los Ángeles firmaron una propuesta pidiendo a la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, una acción legal inmediata para proteger los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados. El objetivo: evitar que sus votantes sean víctimas de detenciones ilegales o discriminación racial.

Todo esto sucede en el contexto de la llamada “Operación Return to Sender”, una campaña de ICE dentro de su Programa Nacional de Operaciones para Fugitivos (NFOP), cuya meta principal es identificar, localizar y detener a inmigrantes fugitivos —mayormente aquellos con órdenes finales de deportación-, especialmente si tienen antecedentes criminales o han reingresado tras ser deportados. Y ocurrió cuando agentes de ICE viajaron más de 300 millas al Valle de Kern para detener a decenas de jornaleros, sin orden judicial ni sospecha válida.

La demanda de la UFW cita violaciones como:

• Detenciones sin sospecha razonable (Cuarta Enmienda)
• Arrestos sin orden judicial ni evaluación de riesgo (violación a 8 U.S.C. § 1357(a)(2))
• Coacción para aceptar “salida voluntaria” sin explicación adecuada (viola el debido proceso de la Quinta Enmienda)

Según The Davis Vanguard, esta represión ya está teniendo impacto en la economía: un informe del UCLA Anderson Forecast advierte que las redadas podrían frenar la reconstrucción de las 13 mil casas destruidas en los incendios de Altadena y Pacific Palisades en enero, y agravar la crisis de vivienda en todo California, que es de dimensiones considerables.

La jueza federal Jennifer Thurston, en una orden de 88 páginas determinó que la evidencia presentada por ACLU demuestra un “patrón y práctica” de detenciones sin sospecha ni orden judicial.

El gobierno federal respondió que esas denuncias eran sólo “casos aislados”, y que la corte no tenía jurisdicción, ya que se trataba de “una demanda colectiva contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y otros funcionarios”.

La concejal Kay Yaroslavsky, del Distrito 5 de Los Ángeles, dijo a Los Angeles Times que quiere que la ciudad obtenga una orden similar a la del Valle Central:

“Incluso si los inmigrantes están aquí legalmente, tienen miedo”, concluyó Yaroslavsky. La administración Trump, dijo, “ha demostrado que está dispuesta a deportar también a quienes tienen documentos”. Y remató: “Si alguna vez hubo un momento para que el gobierno local interviniera, ¡Es ahora!”.