Llama ACLU a frenar la industria de las fianzas para libertad condicional

El sesgo racial en nuestro sistema de justicia penal mantiene a más personas negras y latinas en libertad condicional y en prisión que nunca antes. Foto: ACLU.

De la redacción

Como hemos escrito en repetidas ocasiones en este mismo espacio informativo, acerca de la industria de las fianzas carcelarias y la reforma al sistema de justicia penal, son las personas de color, principalmente negros y latinos los que además del encarcelamiento demográficamente desproporcionado sufren la doble explotación de tener que pagar altas sumas de dinero para intentar conseguir su libertad aunque sea condicional, mientras esperan sentencia.

¿Es esta la única opción de los pobres para evitar la cárcel teniendo que pagar una tarifa no reembolsable a una compañía de fianzas con fines de lucro?, pregunta la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado. Vale saber, dice, que esta industria con un valor de 2 mil millones de dólares “atrapa a las personas en un ciclo de deudas y tarifas” difícil de escapar, “y como era de esperar perjudica más a las comunidades negras y de color de bajos ingresos”.

De hecho, sostienen los defensores de los derechos civiles, las cantidades de fianza asignadas a los hombres negros tienen un promedio 35 por ciento más alto que las de los hombres blancos. Proporción similar guardan los acusados latinos que caen en las redes de esta industria depredadora.

Porque dichas compañías de seguros “están apuntalando el tóxico sistema de fianzas” para los prisioneros de las cárceles de Estados Unidos, cuyo mayor inversor es la compañía canadiense, Fairfax Financial Holdings, dirigida por su presidente Prem Watsa, agrega la fuente.

Además, estudios confirman que con mayor frecuencia las disparidades raciales inexplicadas siguen afectando el proceso previo al juicio, sobre todo para las minorías.

La organización Prison Plicy Initiativa, explica en su página web cómo la raza impacta a quien está detenido antes del juicio. Dice sin embargo que “El gobierno no ha recopilado datos nacionales sobre la raza o el origen étnico de las personas en espera de juicio en la cárcel desde 2002”, y afirma haber revisado la literatura académica publicada desde entonces, “para ofrecer una evaluación más actualizada de las disparidades raciales en la prisión preventiva”.

Una ironía que señala ACLU es que Watsa acaba de ser nombrado copresidente del recientemente formado ‘Consejo Canadiense de Líderes Empresariales contra el Racismo Sistémico Anti-Negro’, un grupo establecido principalmente en respuesta a las protestas suscitadas tras el asesinato policial de George Floyd.

En la primera cumbre virtual interactiva de su consejo este lunes, Watsa y otros se comprometieron a tomar medidas sustantivas para terminar con el racismo sistémico anti-negro que prevalece en la industria de fianzas para los prisioneros.

De esta suerte ACLU y la organización Color Of Change, firmaron una carta al Sr. Watsa, donde le piden a su compañía que “rompa lazos con una industria que alimenta el encarcelamiento masivo y perpetúa las desigualdades raciales”. No obstante Watsa no ha dado todavía una respuesta a dicha petición.

Pero hay un incentivo real para que Fairfax haga un cambio, y hay también una oportunidad real para eliminar las referidas fianzas con fines de lucro, dice ACLU, y es a través del activismo colectivo.

“Podemos dejar en claro estos hechos a Prem Watsa, y hacerle saber que la fianza con fines de lucro, que ni siquiera es legal en Canadá, también es completamente contraria al trabajo para terminar con el racismo anti-negro”.

Sin embargo, todo esto no es suficiente. Otro objetivo central de la reforma a la prisión preventiva debe ser “eliminar el sesgo racial en las decisiones sobre quién es detenido antes del juicio y quién puede salir en libertad”, una decisión que históricamente ha recaído sobre las poblaciones de negros y latinos, dice la Iniciativa de Políticas de Prisiones.

“Y es que dichos acusados tienen más probabilidades de ser encarcelados antes del juicio que los acusados blancos”. Y sostiene que “La evidencia reciente de Nueva Jersey, así como la de Kentucky muestra que, si bien algunas reformas han ayudado a reducir las poblaciones en prisión preventiva, han tenido poco o ningún impacto en la reducción de las disparidades raciales”.

Y propone estas reflexiones: “¿Cuál es exactamente el estado de la justicia racial en la prisión preventiva? ¿Cómo pueden los defensores evaluar la justicia racial en su condado o estado? ¿Qué datos necesitan y dónde pueden encontrarlos?