Legislación protege trabajadoras sexuales y analizan consecuencias del arresto y encarcelamiento de mujeres

El Senador Wiener presenta legislación para proteger a las trabajadoras sexuales del arresto cuando denuncian delitos violentos y prohíbe el uso de condones como evidencia de trabajo sexual. Foto: Oficina del senador Wiener.

De la redacción

La Ley 233 del Senado prioriza la seguridad pública al garantizar que “los testigos y las víctimas pueden denunciar los delitos sin temor a ser arrestados y criminalizados… y garantiza mejores resultados de salud pública al fomentar prácticas sexuales más seguras y no desalentar a los trabajadores sexuales a llevar condones a su trabajo”.

Un estudio realizado en 2014 por la Universidad de California en San Francisco y St. James Infirmary (clínica de salud y seguridad ocupacional basada en trabajadores sexuales de todos los géneros), encontró que “las personas que participan en el trabajo sexual experimentan crímenes violentos a una tasa desproporcionadamente alta (60 por ciento) mientras trabaja”.

Entre tanto, el mismo estudio encontró que “el 40% de las interacciones de las trabajadoras sexuales con la policía, cuando la trabajadora sexual fue víctima de un crimen violento, fueron calificadas como experiencias negativas”.

La referida SB 233, que se presentó oficialmente el 7 de febrero y se programará para una audiencia en los próximos meses, busca remediar este problema evitando que las trabajadoras sexuales que reportan delitos violentos sean tratadas como delincuentes. “Cuanto más cómodos se sientan los trabajadores del sexo denunciando delitos violentos, más fácil será para las autoridades encarcelar a los delincuentes violentos y rescatar a las víctimas de la trata de personas”, dice el comunicado.

El senador Wiener declaró que “Esta legislación trata de proteger a las víctimas y aumentar la seguridad pública. Demasiadas trabajadoras sexuales son victimizadas, y lo último que necesitamos es que sean victimizadas aún más al ser arrestadas cuando denuncian un crimen… si se arriesgan a ser arrestadas por ello, simplemente no se presentarán ante las autoridades y los criminales violentos serán liberados”.

Por otro lado, agregó, la criminalización de la posesión de condones “socava nuestros esfuerzos para reducir la prevención del VIH”. Las personas involucradas en el trabajo sexual “ya tienen ¡trece veces más! probabilidades de contraer el VIH. La oficina del fiscal de distrito de San Francisco ya se ha comprometido a no usar los condones como evidencia cuando procesa a alguien por trabajo sexual.

La SB 233 cuenta con el apoyo de St. James Infirmary, el Colectivo de Prostitutas de EE. UU., El Proyecto Legal, de Educación e Investigación para Proveedores de Servicios Eróticos y el Proyecto de Extensión para Trabajadores Sexuales. Es coautor de los miembros de la Asamblea, Bill Quirk (D-Hayward) y Laura Freidman (D-Glendale).

El texto completo de la legislación se puede encontrar aquí.

Por otro lado la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles rechazó el diseño y construcción del proyecto del Centro de Mujeres de Mira Loma. Después de la votación, aprobó una moción autorizada por la Supervisora de L. A, Hilda Solís, coautora del proyecto junto con la Supervisora Sheila Kuehl, quien recopilaría y analizaría los datos sobre las consecuencias que derivan del arresto, procesamiento y encarcelamiento de mujeres en dicho condado, dice un comunicado de esta oficina.

“Hace mucho tiempo que nos espera un estudio específico de las mujeres en nuestro sistema de justicia penal, y cuáles son las mejores prácticas para ponerlas a ellas y a sus familias en un camino hacia el mantenimiento de vidas saludables, estables y productivas”, dijo Solís.

“Históricamente, las cárceles se construyeron bajo el supuesto de que los hombres se alojarían en ellas. Sin embargo, debido a que las experiencias y necesidades de la vida de las mujeres son muy diferentes, con 2 mil o más mujeres actualmente en nuestras cárceles el Condado de Los Ángeles debe diseñar un sistema de justicia más sensible al género”, dijo por su parte Kuehl.

Un informe de 2016 del Instituto Vera para la Justicia encontró que “al igual que los hombres en la cárcel, las mujeres en la cárcel son desproporcionadamente personas de color, abrumadoramente pobres y de bajos ingresos, sobrevivientes de violencia y trauma, y tienen altas tasas de enfermedades físicas y mentales así como y abuso de sustancias”.

Estudios han demostrado que las consecuencias directas y colaterales incluso de una corta estadía en la cárcel hacen que el encarcelamiento sea aún más difícil para las mujeres. “Si bien el tiempo en la cárcel o en la prisión es desestabilizador y traumático para todos, el impacto de un arresto, y mucho más el encarcelamiento de una mujer puede extender esa inestabilidad y trauma a sus hijos, a su comunidad y a toda la red familiar que depende de ellos”, dice el comunicado de la Supervisora Solís.

Además, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de encontrar empleo o vivienda estable al momento de su liberación. La reintegración exitosa de las mujeres en sus comunidades es esencial, no sólo para ellas sino también para sus hijos y familias. La reintegración exitosa requiere enfoques sensibles al género para la supervisión de la comunidad, incluido el acceso a un tratamiento efectivo y personalizado.

La acción de hoy sirve para estudiar las vías que conducen al arresto, procesamiento y encarcelamiento de mujeres, incluido un análisis de cualquier disparidad para las mujeres de color, LGBTQ y personas no conformes con el género. El estudio identificará la programación holística necesaria y los servicios basados en las mejores prácticas para las mujeres encarceladas y sus familias, así como soluciones prácticas para mantener a las mujeres fuera del sistema de justicia penal y fuera de la cárcel.