Golepa a latinos desfinanciar Medicaid y gravar remesas

Continuamos aquí con la columna, “Desde el otro lado”, la participación semanal de Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe, con el programa “Entre Lineas”, del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.

 

Quisiera detenerme a reseñar algo de lo que ha pasado con el Big Beautiful Bill, palabras con las que Donald Trump alardea sobre el plan presupuestario de los republicanos.

Este mega plan acaba de sufrir un engorroso traspiés debido a una revuelta al interior de la bancada republicana. Cinco republicanos de la derecha dura votaron este viernes en contra de sacar el proyecto de un comité de la cámara baja.

Con este revés al líder de dicha cámara, Mike Johnson, y al titular de la Casa Blanca, Donald Trump, esta fracción de halcones fiscales detuvo también los planes de imponer un gravamen a las remesas que envían a sus familias unos 40 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos.

Esta es una medida, esta última, sin precedentes, como también es inédito el plan de gigantescos recortes al gasto social del gobierno federal, del cual forma parte la iniciativa.

El plan contempla recortar al menos 880 mil millones de dólares durante la próxima década. El grueso de ese recorte es contra del gasto de salud: 715 mil millones de dólares del programa público de salud Medicaid, lo cuál provocaría la pérdida de cobertura de unos 14 millones de derechohabientes, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Según defensores de la salud, la legislación propuesta representa la “amenaza más grave para Medicaid en su historia” con lo cual “se daría al traste con décadas de progreso en la expansión del acceso a la salud”.

Con estos masivos recortes a programas de salud se trata de subsidiar un enorme proyecto de exenciones fiscales sobre todo para los millonarios y corporaciones, y escalar el gasto en el patrullaje fronterizo.

Cabe destacar que los motivos anunciados por la fracción disidente no ponen fin a las amenazas ni para los populares programas de salud ni para las remesas de los inmigrantes, que siguen siendo parte integral del plan y que tanta polémica han causado en la opinión pública.

Al contrario, los disidentes descarrilaron el proyecto aduciendo que el plan no recorta el gasto social lo suficiente, ni imponen más duros o expeditos requisitos de trabajo a los derechohabientes.

Por cuanto al impuesto del 5 por ciento a las remesas que los migrantes envían a sus familiares en sus países de origen, no hay hasta el momento señales visibles de que los republicanos se dispongan a retirarla del paquete. Todo lo contrario, la bancada republicana, que es mayoría, le ha dado su apoyo unánime.

El impuesto eximiría a los ciudadanos de Estados Unidos, pero afectaría a los inmigrantes no ciudadanos. Más de 40 millones de personas en total.

Quienes promueven la medida en el Congreso hablan de un propósito doble: aumentar las arcas de la tesorería federal (a fin de posibilitar las exenciones fiscales a los más pudientes, dicen sus críticos), y a la vez castigar al inmigrante, desalentar su presencia en Estados Unidos.

Mark Krikorian, un muy conocido restriccionista de la inmigración, declaró a un medio nacional que gravar las remesas dificultará la estadía de los inmigrantes sin documentos en Estados Unidos. “Una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa… Si eso es mucho más difícil, se vuelve menos atractivo venir”, advirtió Krikorian.

Este tipo de iniciativas no es nueva. En años recientes, se han propuesto leyes para controlar y gravar las remesas en 18 estados. Todas estas iniciativas estatales fracasaron, con excepción de Oklahoma, que hace poco más de quince años aprobó un impuesto sobre las remesas de 5 dólares por envíos de menos de 500 dólares y del 1% por cantidades mayores a 500 dólares.

El actual vicepresidente, J.D. Vance, cuando fue senador por Ohio hace un par de años, co-patrocinó una ley que habría impuesto una tasa del 10% a las remesas que salen de Estados Unidos. Aunque al final el proyecto de ley no logró pasar de la fase de debate.

Incluso el propio presidente Trump ha declarado que está preparando un memorando presidencial para “poner fin a las remesas” enviadas por inmigrantes indocumentados que residen en el país.

Así que todo apunta a que esta vez los republicanos, que controlan el Congreso y el ejecutivo, irán con todo en el asunto de gravar las remesas de los inmigrantes.

Pero al final esta medida podría tener como consecuencia un efecto bumerang, según Tara Watson, directora del Centro para la Seguridad y Oportunidad Económica del Brookings Institute. En declaraciones a la revista Newsweek, Watson dijo: “En algunos países latinoamericanos, las remesas representan hasta una cuarta parte del PIB” (por ejemplo, Haiti, Honduras, El Salvador y Guatemala). Para luego agregar: “Este impuesto, junto con otras medidas del gobierno, socava la seguridad o estabilidad económica en los países de origen. … y por lo tanto pudiera llegar a fomentar la migración irregular”, o sea, la caída de ingresos obligaría a mas gente a migrar.

Y es que las remesas, en esto coinciden los especialistas, tienen un impacto enorme en levantar las condiciones de vida en las familias receptoras, ya que se utilizan para la construcción de casas, salud, educación, gastos generales de subsistencia y en inversión en pequeños comercios o parcelas de producción agrícola que ayudan a la subsistencia.

Estos observadores críticos advierten también que, aparte de reducir las remesas y golpear la economía de las comunidades de origen de los migrantes, este impuesto provocaría el uso de canales informales para enviar el dinero. En otras palabras, alentaría las transferencias clandestinas y daría impulso al mercado negro de remesas.

Hoy Mike Johnson y los demás lideres republicanos amanecen trabajando contra el reloj. Johnson ha indicado que quiere votar el proyecto antes del Día de los Caídos, o sea, el 26 de mayo, dentro de una semana, con la mira de que Trump lo firme antes del 4 de julio. Su objetivo es poner el nuevo impuesto en vigor en 2026.

Como es de entenderse, en el proyecto que se decide esta semana en la Cámara de Representantes la población mexicana que reside en Estados Unidos tiene mucho en juego.

Por un lado, México perdería más de 3 mil millones de dólares (3.25) por concepto de esos impuestos.

Y por el otro, los mexicanos y latinos estarían entre los mayores perdedores si se achica el Medicaid. Tendrían el doble de probabilidades de perder la cobertura. Ya que, según las cifras más recientes, los latinos forman casi la tercera parte de la población derechohabiente (porque generalmente trabajan en empresas que no ofrecen prestaciones médicas).

Por último, si el “gran y hermoso plan” que se empuja a contrarreloj, logra finalmente el voto de aquellos republicanos que representan distritos con gran población que depende del Medicaid, esto significará dejar a sus estados con un enorme agujero en su presupuesto de salud. (Sólo para darnos una idea, una cuarta parte de los californianos están inscritos en Medical, el programa estatal de Medicaid).

Para curarse en salud y en respuesta a esta crisis fiscal, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha comenzado a flotar planes de recorte a servicios médicos. Según lo anunciado, Newsom propone dar marcha atrás en el acceso a la cobertura médica recién ganada el año pasado para residentes indocumentados, lo cual afectaría a una población de cientos de miles y asestaría un duro golpe al plan de “salud para todos” con el que California se puso a la cabeza de la nación.