Nueva regla de ‘carga pública’ preocupa a la comunidad

Solicitar el beneficio de los cupones de alimentos (SNAP) para niños ciudadanos hijos de inmigrantes con residencia permanente no era considerado "carga Pública. Pero ahora con Trump esto podría cambiar. Foto: Andrii/Adobe stock.
La administración Trump planea volver a imponer la regla de la llamada “carga pública”, que permite denegar la residencia permanente a inmigrantes que hayan recibido beneficios como Medicaid o asistencia alimentaria. Impuesta durante el primer gobierno de Trump, la regla fue derogada por el presidente Biden y ahora vuelve a la esfera pública.
Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición Protecting Immigrant Families, explicó en Línea Abierta que, por ahora, se trata de una propuesta de ley que no está en vigor. Para que se aplique, deberá ser debatida en el Congreso, reglamentada, y superar fallos judiciales de quienes se opongan a la medida.
¿En qué consiste la propuesta y cómo se aplicaría?
Según el Center on Budget and Policy Priorities, la versión propuesta de “carga pública” implicaría una interpretación amplia que excede lo previsto originalmente por el Congreso. Y esa ampliación puede ser considerada “arbitraria o caprichosa”, lo cual ya fue la base de fallos en tribunales contra versiones anteriores, argumentan los críticos.
Cadena señaló que esta avanzada genera “caos y desinformación en la comunidad” y que, en caso de aprobarse, “aplica para personas que están en el proceso para hacerse residentes, para obtener la tarjeta verde o que van a entrar al país con una visa”.
Además, el gobierno daría guías a los oficiales sobre cómo evaluar la situación de cada persona. “Y eso es muy preocupante porque, primeramente, no nos deja saber a la comunidad sobre qué podría ser considerado una carga pública y qué no, como lo hace la regla actual. Y, segundo, le daría muchísima discreción a los oficiales para determinar qué podría ser una carga pública”.
Impuesta durante el primer gobierno de Trump, la regla de carga pública fue derogada por el presidente Biden en 2021 y cancelada oficialmente en 2022. Por el momento, no hay claridad sobre qué tipo de asistencias pueden calificarse como carga pública, “pero sí se podrían considerar los programas que se han utilizado en el pasado, o que se pueden utilizar en el presente o en el futuro. Pero aún no sabemos cómo se van a ir aplicando; no está muy claro todavía”.
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