La Florida ya tiene su propia ley “cruel” antinmigrante

Marcha de la CIW Por Un Mundo Mejor, marzo 14, 2023. Foto: CIW/Facebook.

Marco Vinicio González

Ya es una ley la SB 1718 tras haber sido proclamada con la firma del gobernador de La Florida. Impone sanciones severas y nuevas restricciones a las personas que viven sin autorización legal de migración en el estado. Es condenada por sus críticos como una medida cruel, que puede conducir a perfiles policiales. Se le considera también uno de los pasos más duros tomados por cualquier estado para disuadir a los inmigrantes ‘sin papeles’.

Uno de los principales objetivos de esta ley es obstruir el flujo de inmigración ilegal e imponer algunas de las sanciones y restricciones más duras del país al fortalecer los requisitos de empleo.

Es ilegal que cualquier persona a sabiendas emplee, contrate, reclute o recomiende ya sea para sí mismo o en nombre de otra persona, para un empleo público o privado dentro del estado a un “ciudadano extranjero” que no esté autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Un inmigrante no autorizado no puede obtener una licencia para ejercer la abogacía en La Florida después del 31 de octubre de 2028.

Se derogó ya una ley de 2014 que permitía a los inmigrantes que vivían ilegalmente en el país ejercer la abogacía en el estado.

La violación de la nueva ley podría resultar en una serie de sanciones cada vez mayores que podrían llevar a que el estado suspenda o revoque todas las licencias para operar un negocio.

Los trabajadores migrantes nacidos en el extranjero representan en La Florida una de cada cinco personas (21%).

La Asociación de Trabajadores Agrícolas de La Florida, una organización de base sin fines de lucro, que aboga por la justicia social y ambiental con los trabajadores del campo, estima que hay alrededor de 300 mil trabajadores agrícolas que viven ilegalmente en el estado, lo que representa aproximadamente el 60% de la fuerza laboral agrícola en la entidad.

Además, los hospitales que acepten Medicaid deben llevar un registro de admisión del paciente o su representante, quien debe indicar si es ciudadano de Estados Unidos. Luego, los hospitales tendrían que entregar los datos acumulativos al gobierno del estado y a la Legislatura de La Florida, y cuantificar cuánto cuesta brindar asistencia médica a las personas que no viven legalmente en el estado. La identidad de los pacientes no estaría incluida en estos datos.