La Corte Suprema brinda al gobierno federal la facultad de establecer quién es deportable

Marco Vinicio González

En un fallo de 8 a 1 la Suprema Corte revivió las pautas que la administración Biden había establecido en 2021 sobre la inmigración acerca de los no ciudadanos. El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas promulgó entonces dichas pautas de aplicación de la Ley de Inmigración, dando prioridad al arresto y expulsión de Estados Unidos de los no ciudadanos sospechosos de ser terroristas o delincuentes peligrosos para el país, o que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

Entonces estas pautas del DHS fueron desafiadas por los fiscales estatales republicanos de Texas y Luisiana, Kent Paxton y Jeff Landry respectivamente, primero en una corte de distrito y luego la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que sostuvo el desafío. Y el año pasado la Corte Suprema se negó a levantar esa suspensión.

Pero la decisión del máximo tribunal desestimó el desafío de estos fiscales, quienes en su momento argumentaron que dichas políticas de la administración federal entraban en conflicto con la Ley de Inmigración, pues según ellos, ésta exige el arresto de ciertos no ciudadanos al momento de su liberación de la prisión o la entrada de una orden final de deportación.

Y este viernes la Suprema Corte de Justicia cambió dictaminó que, en primer lugar, los estados no tienen la “legitimación” o el derecho legal para demandar. Y fue más lejos, estableciendo cuándo un estado puede impugnar una política federal en los tribunales, en el futuro.

El fallo ha sido considerado como una gran victoria de esta administración, pues el gobierno federal constantemente argumenta sobre la necesidad de priorizar a quiénes detener y a quienes deportar, dados los limitados recursos destinados al rubro y el monumental volumen de casos vigentes y rezagados que duermen ‘el sueño de los justos’ en las cortes de Inmigración.

Nada menos que el juez designado por Trump, Brett Kavanaugh fue quien escribió la opinión mayoritaria del caso este viernes, a la que se sumaron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y las juezas consideradas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

“En resumen, los estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual. Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo modificar sus políticas de arresto para hacer más arrestos. Los tribunales federales tradicionalmente no han considerado ese tipo de juicio; de hecho, los Estados no citan precedentes de una demanda como esta”, señala la opinión de la Corte Suprema en su página web.

Kavanaugh agregó que “el Presidente de Estados Unidos tiene discreción tradicional sobre si tomar medidas de cumplimiento bajo la ley federal”, y que si el tribunal permitiera que los estados presentaran la demanda, “implicaría una dirección judicial expansiva” de la política de arrestos del ejecutivo, “y abriría la puerta a más demandas de los estados” que piensan que la Casa Blanca no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir la ley en otras áreas, “como la regulación de drogas y armas y las leyes de obstrucción de la justicia… Nos negamos a indiciar al Poder Judicial Federal por ese camino inexplorado”, dijo Kavanaugh a la prensa.

Y es que bajo el Artículo III, un demandante debe tener legitimación para demandar, dice el Suprema Tribunal. “Este requisito constitucional fundamental tiene sus raíces en la separación de poderes…. Entonces, la pregunta fundamental aquí es si Estados tienen derecho a mantener esta demanda. Con base en los precedentes de este Tribunal y la práctica histórica de larga data, la respuesta es no”, dice el escrito de la Corte Suprema•