La batalla judicial por la ciudadanía

La Casa Blanca tuvo que poner en pausa su intento de que la Corte Suprema permita prohibir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en al menos 27 estados, mientras se resuelven los litigios presentados por organizaciones defensoras de inmigrantes contra el gobierno.

Tras la reciente audiencia en la Corte Suprema —un caso que muchos consideran de “profundas consecuencias”—, Todd Schulte, presidente de FWD.us expresó su preocupación en un comunicado donde afirma que teme que la administración federal logre su cometido recibiendo el aval de la Corte para “imponer la medida inconstitucional” impulsada por Trump, “y poner fin a la ciudadanía por nacimiento aunque sea en algunos estados”.

La Corte escuchó argumentos en tres casos clave, todos desafiando el intento de la administración Trump de eliminar lo que Schulte llama “el principio constitucional de 160 años de antigüedad”, según el cual toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, como lo explica en FWD.us.

De acuerdo con él, esta orden ejecutiva “viola la garantía de ciudadanía establecida explícitamente en la Decimocuarta Enmienda”, una garantía respaldada por precedentes firmes de la Corte Suprema. Tal es el caso “United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649”, ocurrido en 1898. En esa histórica decisión, la Suprema estableció que “todas las personas nacidas en territorio estadunidense son automáticamente ciudadanas, sin importar el estatus migratorio de sus padres”.

Sin embargo, en mayo de 2025 la Corte Suprema escuchó argumentos orales en tres casos relacionados con un intento de la administración Trump de modificar este principio. La administración solicitó que se levantaran las órdenes judiciales que bloqueaban su orden ejecutiva, la cual busca limitar la ciudadanía por nacimiento. Los tribunales inferiores emitieron mandatos nacionales impidiendo la implementación de dicha orden. La Corte Suprema aún no ha emitido una decisión final sobre este asunto.

Este caso es relevante porque podría redefinir la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece la ciudadanía por nacimiento. La decisión de la Corte Suprema tendrá implicaciones significativas en la política migratoria y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Ahora la Corte Suprema evalúa si debe limitar el alcance de esos mandatos judiciales recientes, emitidos por jueces federales en Washington, Massachusetts y Maryland. La Casa Blanca alega que estas medidas generalizadas interfieren con el poder ejecutivo, y que deberían aplicarse sólo a los demandantes directamente involucrados.

Aunque los jueces no debatieron directamente la constitucionalidad de la orden ejecutiva, los argumentos que se han puesto sobre la mesa podrían influir en futuras decisiones legales. El núcleo del conflicto es la reinterpretación de la Enmienda 14, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en el país.

Durante la audiencia, la Corte Suprema se mostró dividida. Las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, por ejemplo, expresaron preocupación por el intento de socavar un precedente constitucional sólido. En contraste, juezas conservadoras como Amy Coney Barrett se enfocaron en las consecuencias prácticas y financieras que esto tendría para los estados, evaluando el impacto de otorgar o negar la ciudadanía automática.

Como era de esperarse, el caso desató protestas a nivel nacional, con manifestaciones a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Varios estados liderados por demócratas y organizaciones pro-inmigrantes se movilizaron, alertando que la orden ejecutiva podría generar inseguridad legal y dejar sin ciudadanía a miles de niños nacidos en Estados Unidos.

Se espera que la Corte Suprema anuncie su decisión a finales de junio. El fallo podría marcar un antes y un después en cómo se interpreta la Enmienda 14… y definir el futuro del derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país.

La importancia legal de este caso radica en el precedente fundamental que estableció para  proteger el principio de ciudadanía por nacimiento, jus soli, en latín, que significa derecho de suelo. En Estados Unidos ha sido reafirmado repetidamente por tribunales inferiores y es el pilar legal que actualmente impide que se revoque la ciudadanía por nacimiento mediante una simple orden ejecutiva.