Jóvenes inmigrantes de AZ reciben espaldarazo a su sueño universitario
Korina Iribe es una de 20 mil jóvenes en Arizona con la protección de acción diferida (DACA) que otorgó el presidente Barack Obama para pagar lo mismo que otros estudiantes que residen en el estado e ir a la universidad gracias a la decisión de una corte estatal.
“Si lo podemos hacer en Arizona, lo podemos hacer en cualquier estado. Si los jueces en este estado pueden reconocer que las leyes no son a veces tan blanco y negro… Hay que revisitar las leyes en otros estados y darles esas oportunidades a los estudiantes”
Con la decisión, Arizona se suma a otros 17 estados en todo el país donde los jóvenes con acción diferida pueden estudiar en las universidades y ser tratados como residentes y no extranjeros a la hora de pagar su matrícula.
“Ahora no hay ninguna excusa, ahora es tiempo que todas las personas en nuestra comunidad, todas las personas que tienen DACA salgan y se registren para clases”, dice Korina.
Por casi una década, una ley estatal aprobada por los votantes arizonenses obligaba a los estudiantes indocumentados como Iribe a pagar casi el doble por su educación en la universidad pública, haciendo que el sueño de ir a la universidad fuera casi imposible.
Pero cuando el presidente Obama otorgó la acción diferida en el 2012, algunos colegios comunitarios permitieron que los estudiantes pagaran una matrícula como residentes estatales. Para impedirlo, el procurador general de Arizona, Tom Horne interpuso una demanda. Tras el fracaso de la querella, la Junta de Regentes de Arizona, representando a las tres universidades estatales ahora decidió seguir los pasos de los colegios comunitarios.
“La corte decidió: Este trabajo es del gobierno federal, no del estatal. Y no tiene el estado la discreción de declarar quién está aquí ilegal y quién no. Y ellos han dicho, que bajo el programa DACA, los ‘soñadores’, los estudiantes están aquí legalmente y les vamos a dar la matriculación más baja que existe”, dice Daniel Ortega.
Daniel Ortega es el abogado que representó a los estudiantes del Arizona Dream Act Coalition en el caso que dio origen a la reciente decisión de la corte. Ortega asegura que la opinión de la corte cobra aún más importancia por ser otro golpe contra leyes restrictivas que aprobó el estado, como la SB 1070, que originalmente criminalizaba a los inmigrantes indocumentados.
Aun así el abogado asegura que el desafío más grande por delante es qué pasará en las cortes con la nueva acción ejecutiva del presidente que protegería a cientos de miles de indocumentados contra la deportación.
Ortega:
“Las luchas que siguen van a ser en DAPA. Van a ser los miles de personas, adultos que no tienen residencia legal y que se les va a dar, si ganamos el caso en el circuito número cinco, oportunidad de tener licencia, oportunidad para ir al colegio…”
Pese al triunfo en este caso, las personas que no tienen documentos y no tienen la acción diferida, aún seguirán teniendo que pagar una matrícula universitaria como si fueran extranjeros, aunque muchos esperan que sea un incentivo para graduarse de la secundaria y solicitar la protección de DACA■