Sobrevivientes de delitos con más duros escrutinios de ICE

Las tácticas agresivas que está utilizando ICE bajo la administración Trump amenazan el programa de visas U, que ofrece una vía hacia la residencia legal a personas indocumentadas que cooperan con las autoridades para combatir la violencia doméstica y otros delitos. Desde su regreso a la Casa Blanca, las políticas migratorias han debilitado la protección de las personas sobrevivientes de delitos, lo que, a su vez, reduce la capacidad de las autoridades para investigar y procesar crímenes.

Un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) revela que cambios en las directrices de aplicación —como permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detengan a personas en lugares que antes se consideraban seguros, como tribunales y centros de salud— actúan como un fuerte disuasivo para que los inmigrantes denuncien delitos ante la policía o soliciten órdenes de protección.

Angélica César, becaria del programa sobre Estados Unidos de HRW, explicó en Línea Abierta que las autoridades migratorias “han puesto fin a la protección automática contra arresto o deportación para solicitantes con peticiones pendientes, aun cuando cooperen con la policía”. El programa enfrenta un grave rezago debido al límite anual de 10 mil visas, con más de 266 mil solicitudes acumuladas y tiempos de espera extremadamente largos. El cambio en las prioridades de ICE “ha incrementado el riesgo de que solicitantes de la visa U sean arrestados o deportados mientras esperan una decisión”.

El Congreso creó la visa U en el 2000 para ayudar a combatir la violencia de género, al reconocer que las mujeres y niñas indocumentadas son especialmente vulnerables al abuso y poco propensas a denunciar delitos por miedo a la deportación. Bajo este programa, sobrevivientes de violación, violencia doméstica, trata de personas y otros 25 delitos pueden acceder a la residencia legal si cooperan con las autoridades, han sufrido abuso físico o psicológico grave y cumplen con los demás requisitos de admisibilidad en Estados Unidos.

“Durante más de 15 años existieron guías federales claras que instruían no detener ni deportar a víctimas o testigos de delitos como violencia doméstica, agresión sexual o trata de personas cuando cooperaban con investigaciones penales”, explicó César. Sin embargo, la eliminación de estas protecciones “ha derivado en reportes de víctimas sujetas a acciones migratorias, incluso con una visa U pendiente”.

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