“Indefendible” fallo de la Suprema en caso Ábrego García: Sotomayor

Nuevamente la Corte Suprema allanó el camino a la administración Trump para deportar inmigrantes indocumentados. En una decisión dividida de 5-4, con una jueza conservadora tomando el lado de las juezas liberales, la Suprema permitió a Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros —de 227 años de antigüedad— con la condición de notificar con tiempo razonable la inminente deportación de los afectados.

La decisión fue tomada por el presidente del máximo tribunal de la nación, John G. Roberts, quien actuó por su cuenta y dictaminó una “suspensión administrativa” de carácter temporal, con el fin de dar tiempo a la Suprema para considerar el asunto. Se espera que los magistrados actúen en los próximos días.

Roberts suspendió temporalmente una orden de una corte inferior que exigía el retorno de Kilmar Armando Ábrego García a Estados Unidos. La decisión se produjo apenas unas horas después de que el gobierno federal solicitara al máximo tribunal que bloqueara la orden del juez de primera instancia, que instruía al gobierno a devolver antes de la medianoche de este lunes a Ábrego García.

Anteriormente, la jueza del Tribunal Federal de Distrito de Maryland, Paula Xinis había señalado que la administración cometió un “grave error” que “conmociona la conciencia” al enviar a Ábrego García al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, famosa por violar los derechos humanos de los reclusos.

La administración del presidente Donald Trump admitió que la deportación fue un “error administrativo”. Sin embargo, argumenta que, dado que Ábrego García está bajo custodia salvadoreña, no puede ser devuelto a Estados Unidos.

La situación de Ábrego García ha generado críticas de grupos defensores de los derechos de los migrantes y ha puesto de manifiesto tensiones entre las órdenes judiciales y las acciones del poder ejecutivo en la aplicación de las leyes de Inmigración.

Cabe señalar que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 establece que este mecanismo de repatriación se ejerce en “tiempos de guerra” contra ciudadanos de países con los que Estados Unidos se halle en conflicto, dos condiciones que no aplican al caso de Ábrego García.

Las juezas liberales disintieron, calificando la medida como “una peligrosa deriva autoritaria”. Argumentaron que no existe guerra con Venezuela y que el grupo criminal mencionado -el Tren de Aragua- no califica como nación extranjera. Denunciaron que “el gobierno está actuando sin respeto a las garantías legales”, lo que podría permitir incluso la expulsión de ciudadanos estadunidenses sin recurso judicial.

Además, Ábrego García no es ciudadano venezolano, por lo que la referida ley no aplica en su caso. Tampoco el gobierno presentó evidencia de que pertenezca a la pandilla salvadoreña MS-13, de la cual habría huido al salir de El Salvador, según investigaciones periodísticas.

En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor, del ala liberal de la Suprema Corte, criticó con dureza la conducta del gobierno. Señaló que representa “una amenaza extraordinaria al estado de derecho”. Manifestó que la mayoría de la Corte, al otorgar este alivio extraordinario al gobierno, “está recompensando su comportamiento cuestionable”, lo cual consideró “indefendible”.

Sotomayor también expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema que permite a la administración Trump deportar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua bajo dicha ley de 1798.