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Iglesia en Chicago cierra servicio en español por temor a redadas masivas

Por Marco Vinicio González
Publicado 06 enero, 2025

Inmigrantes latinos y aliadlos, convocados por la organización comunitaria, CASA, protestan frente a La Casa Blanca para que se detengan las deportaciones. Foto: Cortesía.

La administración entrante anunció que utilizará al ejército y los aeropuertos militares para efectuar las deportaciones masivas que prometió Trump en su campaña. Aunque una ley federal de larga data prohíbe el uso del ejército para la aplicación de la ley contra los nacionales, lo que incluye arrestos y deportaciones de inmigración. 

No obstante, la administración entrante planea revocar dicha ley, que restringe los arrestos de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a personas indocumentadas “en o cerca de lugares sensibles designados”. O sea, hospitales, escuelas, iglesias, etcétera. Y amenazó con eliminar la aplicación CBP One, para solicitantes de asilo, y restablecer el programa “Permanecer en México” como componentes clave de su agenda de inmigración, inscrita en el Proyecto 2025, una recopilación de recomendaciones políticas de línea dura diseñadas por The Heritage Foundation.

Y ‘mientras son peras o son manzanas’, la Iglesia Metodista Unida de Lincoln de Chicago, un espacio vital para muchas familias que brinda santuario a los inmigrantes indocumentados locales, ha pausado sus servicios religiosos en español, pues primero está la seguridad de sus feligreses, dice, que sufren de ansiedad ante posibles incursiones de los agentes de Inmigración y Protección de Fronteras, ICE, en los lugares de culto.

Y es que en repetidas ocasiones funcionarios seleccionados por Trump para su segundo mandato, como el llamado ‘zar fronterizo’, Tom Homan, han amenazado a las ciudades y estados santuario con represalias si intentan proteger a los migrantes indocumentados, declarando las “ubicaciones sensibles designadas” como áreas donde serán permitidas las redadas masivas.

Aun así, no está claro exactamente cómo se aprovecharía a los militares para llevar a cabo dichas deportaciones masivas, pero mientras tanto organizaciones defensoras de los inmigrantes trabajan ya sobre preguntas legales acerca de la participación de los militares en las operaciones de aplicación de la Ley de Inmigración.

Entre tanto, unos 4 mil miembros del servicio militar, principalmente de la Guardia Nacional están actualmente autorizados para apoyar al servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Esto no es nuevo. El Departamento de Defensa ha proporcionado apoyo operativo a las autoridades de Inmigración y fronteras durante décadas, bajo presidentes republicanos y demócratas.

De acuerdo con Newsweek, en respuesta a las amenazas de Trump acerca de que “Chicago podría convertirse en el epicentro de las deportaciones masivas”, Emma Lozano, activista y pastora de la Iglesia Metodista Unida de Lincoln, “trasladó los servicios en español a servicios en línea, como parte de los esfuerzos de la iglesia para proteger a su comunidad de inmigrantes indocumentados”. Los servicios en inglés seguirán siendo presenciales.

Respecto a la implementación nuevamente de la política, “Permanecer en México”, la fuente señala que el país al sur de la frontera “se está preparando para dar la bienvenida a sus ciudadanos que residen en Estados Unidos” si el presidente electo realiza sus promesas de deportación masiva.

En un comunicado a Bloomberg la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que “las autoridades mexicanas no actuarán como un ‘tercer país seguro’ para los migrantes de otras naciones que sean deportados a México”. Y la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “está preparada para trabajar en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales frente a las posibles deportaciones masivas”.

Con todo, el economista Ismael Plascencia López, especialista de la Federación de Economistas del Noroeste de México dijo a la fuente que las deportaciones masivas destruirán la economía de México, que necesitará invertir miles de millones de dólares para proporcionar atención, alimentos, vivienda y transporte a los migrantes deportados.

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