Gobierno de Biden anuncia nueva iniciativa para reactivar DACA
De la aredacción
Este lunes el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris propuso una regla que protegería de ser deportadas o perder sus permisos de trabajo a ceca de 800 mil personas indocumentadas traídas a Estados Unidos cuando niños, los Dreamers o Soñadores, incluso si el Congreso no aprueba una reforma migratoria integral.
La medida intenta satisfacer las preocupaciones del juez federal, Andrew Hanen, quien el 16 de julio de este año dictaminó en una corte de distrito en Houston, Texas, que el programa DACA, que difiere temporalmente de la deportación a los traídos en la infancia, les birnda licencias de conducir y permiso de trabajo, era ilegal; porque según él, la administración Obama pasó por alto los requisitos de procedimiento cuando el programa entró en vigencia en 2012.
El juez Hanen declaró en la ocasión que “la administración Obama se extralimitó en su autoridad y no buscó adecuadamente la retroalimentación del público”. Sin embargo, el juez permitió que continuaran las renovaciones sólo a aquellos que ya fueran titulares del programa, pero prohibió nuevas inscripciones.
En tanto, la nueva regla propuesta de la administración Biden-Harris, que aparece reflejada hoy el Registro Federal, reactiva un período de comentarios de 60 días –que fue lo que no habría hecho Obama-, aunque espera que va a ser poco probable que entre en vigencia durante varios meses.
Al respecto, el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas declaró que “La Administración Biden-Harris continúa tomando medidas para proteger a los Dreamers y reconoció una vez más las contribuciones de los Soñadores a este país… Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo”, dijo. Mayorkas se refiere a la propuesta del gobierno federal, de 205 páginas que solicita comentarios del público para abordar la preocupación del juez Hanen, pero no está claro si eso sería suficiente.
No obstante, al intentar apuntalar DACA a través de una regla formal, que es un proceso más riguroso que el memorando original de 2012, y aunque todavía no es legislación, la administración Biden espera obtener la aprobación de los tribunales, lo que incluye la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia tenga que volver a intervenir en el destino de DACA, a menos que el Congreso actúe primero.
Como se recordará, la exigencia del caucus latino de los demócratas y del ala progresista de ese partido en el Congreso, es que DACA, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales se incluyan dentro del paquete de infraestructura humana y para el medio ambiente, de 3.5 billones de dólares, que se halla en la antesala del Senado. Sin embargo, la parlamentaria de esa cámara legislativa, Elizabeth McDonough rechazó dicha propuesta porque dice que no tiene cabida en el proyecto de resolución presupuestaria.
En la actualidad, el liderazgo demócrata en el Congreso, lucha para incluir la reforma migratoria en la legislación de 3.5 billones de dólares, porque no pueden darse el lujo de perder muchos votos si en este periodo legislativo a punto de expirar no pasa una reforma migratoria. Pues con las manos vacías en las elecciones intermedias de 2022, y más tarde en las presidenciales del 2024 la comunidad latina en Estados Unidos podría sentirse decepcionada con los demócratas y pasarles factura negándoles su voto.
Defensores de DACA afirman sin embargo que los demócratas presentarían disposiciones de inmigración alternativas, aunque no está claro si tendrán éxito. En tanto, la nueva propuesta del gobierno federal mantiene los mismos criterios del proyecto original para la elegibilidad al programa: haber llegado al país antes de los 16 años, residir continuamente en Estados Unidos desde su llegada antes del 15 de junio de 2012, desde cuando más de 825 mil inmigrantes se han inscrito en DACA■