GEO Group: el gran beneficiado de la maquinaria de deportación de Trump

GEO Group, una corporación global dedicada a la construcción y operación de cárceles privadas, es el mayor operador de prisiones privadas en Estados Unidos. Además de gestionar centros de detención, fabrica tecnología de vigilancia electrónica que ha sido clave en el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Trump, convirtiéndose en uno de sus principales beneficiarios comerciales (con excepción de Elon Musk).

A pesar de los recortes generales impulsados por Trump en el gasto federal, sus agencias han seguido adjudicando contratos millonarios a GEO Group para el alojamiento y monitoreo de inmigrantes no autorizados. La empresa, junto con CoreCivic y otras compañías penitenciarias privadas, forma parte de un engranaje fundamental en el sistema de deportaciones del gobierno, reteniendo a miles de inmigrantes indocumentados antes de ser deportados.

Sólo en la última semana, GEO y CoreCivic han anunciado nuevos contratos, y sus ejecutivos anticipan más adjudicaciones a medida que se expande el aparato antimigratorio. Según organizaciones de inmigración y grupos de ayuda legal citados por The New York Times, los dispositivos desarrollados por estas empresas —como monitores de tobillo, relojes inteligentes y aplicaciones de rastreo— proporcionan la ubicación de los inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque las autoridades no han publicado cifras exactas sobre cuántos arrestos se han hecho utilizando esta tecnología, fuentes legales estiman que más de 30 mil inmigrantes fueron detenidos en los primeros 50 días de Trump en el cargo, en parte gracias al monitoreo digital. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para las deportaciones, utilizada de forma creciente por ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actualmente considera renovar un contrato firmado el año pasado con GEO Group, valorado en 350 millones de dólares, para rastrear a unas 180 mil personas inscritas en el programa de vigilancia. Además, GEO Group firmó en marzo un contrato por 15 años con ICE, por un valor aproximado de mil millones de dólares, que cubre servicios de detención y monitoreo electrónico.

La empresa también ha invertido 70 millones de dólares en expandir infraestructura y transporte, reforzando su papel en la aplicación de la Ley Inmigración. A esto se suman 16 millones de dólares adicionales invertidos en ampliar el inventario de dispositivos GPS, como brazaletes electrónicos, con el objetivo de aumentar la capacidad de vigilancia a cientos de miles de personas, según reportó The Guardian.

Estos sistemas permiten a ICE ubicar con precisión a los inmigrantes en tiempo real, lo que ha generado controversia por posibles violaciones a la privacidad y uso indebido de la tecnología. En enero, por ejemplo, ICE en Georgia rastreó a un inmigrante hasta su lugar de trabajo y lo detuvo; otro fue arrestado frente a una iglesia. Y más recientemente en Nueva Jersey, un inmigrante recibió una llamada de un empleado de GEO Group “solicitándole salir de su casa por fallos de señal en el rastreador. Al salir, fue detenido por agentes de ICE que ya lo esperaban”.

El uso de esta tecnología no es nuevo. En 2019, durante el primer mandato de Trump ICE utilizó datos recopilados por herramientas de GEO Group, dice la fuente, para obtener una orden judicial que permitió una redada en una planta procesadora de pollos en Mississippi. “Esta operación, que se extendió a varios centros de trabajo en todo el estado, terminó con la detención de 680 inmigrantes”.

Con la ampliación de contratos y recursos destinados al rastreo y detención, GEO Group se ha consolidado como un actor clave en las políticas migratorias de Trump, “aprovechando la tecnología digital para convertir la vigilancia de inmigrantes en un negocio multimillonario”.