Frenan “Mantener a las familias juntas”, gran pieza de inmigración

J. Campbell Barker, juez del distrito este de Texas nominado por Trump, puso pausa a “Mantener a las familias juntas”, el mayor programa de la administración Biden que entró en vigor la semana pasada para proteger de la deportación a un medio millón de indocumentados cónyuges de ciudadanos estadunidenses y a sus hijastros no ciudadanos.

El dictamen temporal -de 14 días- emitido por el juez Baker responde a una demanda de 16 estados liderados por republicanos, acusando al gobierno de Biden de haber eludido al Congreso por “propósitos políticos flagrantes”.

Críticos del plan Biden argumentan que éste ofrece amnistía a los migrantes que entraron ilegalmente en el país, mientras que los defensores de “Mantener a las familias juntas” sostienen que les permite permanecer unidas, porque el viejo sistema de inmigración separa a las familias.

El estado de Texas dice haber tenido que pagar decenas de millones de dólares al año en atención médica y gastos administrativos en aplicación de la ley, causados por los inmigrantes indocumentados que viven en ese estado.

El juez Barker fue nombrado por el expresidente Trump en 2019 para el Tribunal de Apelaciones del QuintoCircuito, un lugar comúnmente conocido por defender argumentos conservadores. Desde 2015, Barker se desempeñaba como Procurador General Adjunto de Texas, desde donde defendió leyes discriminatorias de identificación de votantes en Texas, y restricciones inconstitucionales al acceso de las mujeres al aborto, dice la página web del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Además, Baker defendió a las empresas que discriminan a los estadunidenses LGBTQ, y tanto como abogado privado, como en el gobierno de Texas, Barker impugnó la Ley del Cuidado de Salud Costeable (ACA), también conocida como Obamacare, actualmente muy popular. Y defendió también los esfuerzos del estado para ejecutar a un hombre afroestadunidense, basándose parcialmente en el testimonio de un psicólogo, que afirmó que la raza del acusado lo hacía estadísticamente más propenso a cometer un crimen violento.

“Mantener las familias jutas” daría a los cónyuges de ciudadanos estadunidenses estatus legal sin tener que salir primero del país, siempre y cuando hayan estado en el país durante al menos 10 años, y les permitiría trabajar legalmente en Estados Unidos.

 Por eso el fallo de Bakaker ha sido interpretado por algunos como un revés temporal a una de las mayores acciones presidenciales para facilitar a un sector de inmigrantes indocumentados el camino hacia la ciudadanía, una promesa hecha hace mucbos años.

El programa había sido anunciado por la administración en junio y entrado en vigor la semana pasada. La orden judicial, que dura 14 días, podría sin embargo extenderse, y llega una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a recibir solicitudes.

Según la prensa local, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton aplaudió la orden de Baker en las redes sociales: “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho”.